El abogado Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), advirtió que no hay condiciones para un retorno presencial automático sin información pública sobre la situación de cada centro educativo tras el doblete sísmico del 24 de junio.
Trapani ofreció estas declaraciones en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, al presentar los principales hallazgos del informe situacional elaborado por la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap sobre las afectaciones al derecho a la educación tras los terremotos.
El monitoreo abarcó 26 centros educativos de Caracas, La Guaira y Miranda, además de consultas a informantes clave y un sondeo ciudadano.
“Nosotros no nos oponemos al inicio de clases, creemos que es una buena noticia y es necesario, porque la escuela representa rutinas para los niños, que es un elemento clave para la recuperación emocional después de un hecho violento como lo fueron los terremotos. La importancia radica en qué condiciones abra la escuela”, aclaró.
Según el reporte ciudadano incluido en el informe, 27 % de los docentes consultados señaló que existían daños graves en la infraestructura de sus centros educativos. Además, una de cada tres personas consideró que había áreas clausuradas, intransitables o que representaban algún peligro.
“Ningún niño, docente, trabajador educativo o cualquier otro debe regresar a un plantel sin una certificación documentada de seguridad, habitabilidad, funcionamiento y servicios básicos de la escuela”, agregó.
El abogado enfatizó que recuperar el derecho a la educación no consiste únicamente en reparar las paredes de las escuelas, sino que también implica reconstruir la confianza de estudiantes y familias en que los espacios son seguros y que cuentan con protocolos para actuar ante eventuales réplicas.
“Reabrir una escuela no equivale por sí solo a restituir el derecho a la educación”, sostuvo.
informó que Cecodap identificó a más de 200 niños que se desplazaron desde La Guaira hacia otros municipios o estados. Ante estos casos, pidió garantizar la trazabilidad educativa para evitar que los estudiantes queden excluidos del sistema.
Propuso que las autoridades presenten un plan de continuidad educativa para los alumnos cuyas escuelas no estén habilitadas, el cual debería contemplar espacios temporales seguros, reubicaciones tempranas, transporte, calendarios de recuperación y medidas para evitar la sobrecarga o exclusión educativa.
Adecionalmente, formuló implementar una búsqueda activa y seguimiento confidencial de los estudiantes que no se reincorporen, especialmente de quienes quedaron damnificados o desplazados, perdieron a sus cuidadores o tienen alguna discapacidad.
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