Escasez de insumos, insuficiente disponibilidad de camas de cuidados intensivos, alta vulnerabilidad económica de la población, falta de combustible y retorno de migrantes son algunas de las condiciones de riesgo sobre las cuales alerta la OCHA Venezuela
Nueve condiciones de riesgo para Venezuela, debido a la crisis causada por la COVID-19, son motivo de alerta para Naciones Unidas. Así lo recoge el Plan Intersectorial de Preparación y Atención COVID-19, un documento de 33 páginas difundido el pasado 10 de abril.
Esto es lo que advierte el informe:
Venezuela, dentro de una pandemia de escala global, es vulnerable a los efectos de la COVID-19. A partir del análisis continuo de necesidades en el marco de las operaciones humanitarias, se recomienda que las siguientes condiciones de riesgo se tomen en cuenta:
• Un contexto regional con un aumento de casos, incluyendo los países vecinos (Brasil y Colombia, en especial), con largas fronteras con Venezuela en la cual personas siguen cruzando por pasos irregulares.
• Limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar una situación grave de casos de la pandemia, debido a la escasez de insumos necesarios (equipos de protección para el personal de salud, equipos biomédicos, medicamentos e insumos médicos) y capacitación reducida en el uso de los equipos; las fallas en los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud; la capacidad reducida para prevenir y controlar infecciones; la falta de recursos humanos especializados para la atención de casos complicados, además de los recursos humanos no especializados que brindan apoyo a estos; así como la insuficiente operatividad de servicios críticos como emergencias, atención prehospitalaria y la insuficiente disponibilidad de camas y personal asistencial en las salas de cuidados intermedios e intensivos.
• El acceso limitado a servicios adecuados de agua y saneamiento, equipos de protección personal y artículos de limpieza e higiene, tanto en los espacios públicos y servicios críticos, como en los hogares de las personas más vulnerables. Estas limitaciones son un obstáculo para prevenir la propagación de la COVID-19, aún más acentuadas por el impacto de las medidas preventivas al libre tránsito de productos de higiene entre municipios y diferentes estados.
• El alto nivel de vulnerabilidad económica de la población no permite que se adopten a cabalidad las medidas preventivas, en especial la ‘cuarentena social’. Esta población, por ejemplo, en sectores populares, tiene que salir a trabajar de manera cotidiana para acceder a bienes y servicios y para generar ingresos que les permitan cubrir las necesidades básicas como la alimentación. Sin acceso a ingresos regulares, las familias dependientes de la economía informal están agotando sus reservas, ya limitadas.
• La situación de las personas que realizan labores mineras en el estado Bolívar y Amazonas, requiere de atención especial ya que es una zona endémica de malaria y dengue, donde podría facilitarse la rápida propagación de la COVID-19. También la alta movilidad de personas, particularmente hacia ciudades que tienen mejor acceso a bienes y servicios y/o en las zonas fronterizas, dado que estos movimientos incrementan el riesgo de exposición a la COVID-19 de poblaciones vulnerables, incluyendo a quienes viven en condiciones de hacinamiento y en alojamientos insalubres.
• Parte de la población enfrenta dificultades para acceder a los servicios del sistema de salud, por varios factores, que incluyen la poca cobertura de las flotas de transporte; falta de combustible y falta de recursos económicos. Estas circunstancias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables y aisladas (incluyendo a las personas adultas mayores, niños niñas y adolescentes en situación de riesgo, personas con discapacidad y las comunidades indígenas).
• Las limitaciones de la respuesta humanitaria, incluyendo la falta de financiamiento, una limitada capacidad operativa, especialmente por la ausencia de un mecanismo de registro para las ONG internacionales y sin la presencia del Programa Mundial de Alimentos. Otros retos de acceso humanitario incluyen dificultades para acceder a gasolina, la movilidad en el contexto de la ‘cuarentena social’ y, en algunas zonas, por razones de seguridad (como en zonas fronterizas o de minería)
• La atenuación de las sanciones permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Agregó que «las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico. En el contexto venezolano es especialmente importante aumentar las posibilidades de importación de combustible y/o diluentes para su producción que atenúe la escasez de gasolina como mayor obstáculo de acceso humanitario. La Alta Comisionada señaló también, que los países sancionados deben aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias.
• El retorno de venezolanos provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, desde mediados de marzo, requiere particular atención para asegurar que las medidas sanitarias necesarias se pongan en práctica, incluyendo vigilancia epidemiológica de la COVID-19 por al menos 15 días y donde es necesario la provisión de lugares de alojamiento temporales dignos y seguros. El Gobierno nacional y estatal ha solicitado ayuda para responder a las necesidades de esta población y están designado instalaciones como centros de alojamiento temporal. El 7 de abril, el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores hizo una solicitud formal de ayuda al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador Humanitario para apoyar la respuesta.