Escasez de insumos, insuficiente disponibilidad de camas de cuidados intensivos, alta vulnerabilidad económica de la población, falta de combustible y retorno de migrantes son algunas de las condiciones de riesgo sobre las cuales alerta la OCHA Venezuela

Nueve condiciones de riesgo para Venezuela, debido a la crisis causada por la COVID-19, son motivo de alerta para Naciones Unidas. Así lo recoge el Plan Intersectorial de Preparación y Atención COVID-19, un documento de 33 páginas difundido el pasado 10 de abril.

Esto es lo que advierte el informe:

Venezuela, dentro de una pandemia de escala global, es vulnerable a los efectos de la COVID-19. A partir del análisis continuo de necesidades en el marco de las operaciones humanitarias, se recomienda que las siguientes condiciones de riesgo se tomen en cuenta:

• Un contexto regional con un aumento de casos, incluyendo los países vecinos (Brasil y Colombia, en especial), con largas fronteras con Venezuela en la cual personas siguen cruzando por pasos irregulares.

Venezuelan citizens return to their country, through the northern toll of Bogota, Colombia, 10 April 2020. In the absence of a refuge and economic possibilities caused by the covid-19, the Rojas family of 17 people, returned to Venezuela after spending a year in the capital. EFE/ Mauricio Duenas Castaneda


• Limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar una situación grave de casos de la pandemia, debido a la escasez de insumos necesarios (equipos de protección para el personal de salud, equipos biomédicos, medicamentos e insumos médicos) y capacitación reducida en el uso de los equipos; las fallas en los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud; la capacidad reducida para prevenir y controlar infecciones; la falta de recursos humanos especializados para la atención de casos complicados, además de los recursos humanos no especializados que brindan apoyo a estos; así como la insuficiente operatividad de servicios críticos como emergencias, atención prehospitalaria y la insuficiente disponibilidad de camas y personal asistencial en las salas de cuidados intermedios e intensivos.

• El acceso limitado a servicios adecuados de agua y saneamiento, equipos de protección personal y artículos de limpieza e higiene, tanto en los espacios públicos y servicios críticos, como en los hogares de las personas más vulnerables. Estas limitaciones son un obstáculo para prevenir la propagación de la COVID-19, aún más acentuadas por el impacto de las medidas preventivas al libre tránsito de productos de higiene entre municipios y diferentes estados.

• El alto nivel de vulnerabilidad económica de la población no permite que se adopten a cabalidad las medidas preventivas, en especial la ‘cuarentena social’. Esta población, por ejemplo, en sectores populares, tiene que salir a trabajar de manera cotidiana para acceder a bienes y servicios y para generar ingresos que les permitan cubrir las necesidades básicas como la alimentación. Sin acceso a ingresos regulares, las familias dependientes de la economía informal están agotando sus reservas, ya limitadas.

• La situación de las personas que realizan labores mineras en el estado Bolívar y Amazonas, requiere de atención especial ya que es una zona endémica de malaria y dengue, donde podría facilitarse la rápida propagación de la COVID-19. También la alta movilidad de personas, particularmente hacia ciudades que tienen mejor acceso a bienes y servicios y/o en las zonas fronterizas, dado que estos movimientos incrementan el riesgo de exposición a la COVID-19 de poblaciones vulnerables, incluyendo a quienes viven en condiciones de hacinamiento y en alojamientos insalubres.

• Parte de la población enfrenta dificultades para acceder a los servicios del sistema de salud, por varios factores, que incluyen la poca cobertura de las flotas de transporte; falta de combustible y falta de recursos económicos. Estas circunstancias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables y aisladas (incluyendo a las personas adultas mayores, niños niñas y adolescentes en situación de riesgo, personas con discapacidad y las comunidades indígenas).

• Las limitaciones de la respuesta humanitaria, incluyendo la falta de financiamiento, una limitada capacidad operativa, especialmente por la ausencia de un mecanismo de registro para las ONG internacionales y sin la presencia del Programa Mundial de Alimentos. Otros retos de acceso humanitario incluyen dificultades para acceder a gasolina, la movilidad en el contexto de la ‘cuarentena social’ y, en algunas zonas, por razones de seguridad (como en zonas fronterizas o de minería)

• La atenuación de las sanciones permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Agregó que “las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico. En el contexto venezolano es especialmente importante aumentar las posibilidades de importación de combustible y/o diluentes para su producción que atenúe la escasez de gasolina como mayor obstáculo de acceso humanitario. La Alta Comisionada señaló también, que los países sancionados deben aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias.

• El retorno de venezolanos provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, desde mediados de marzo, requiere particular atención para asegurar que las medidas sanitarias necesarias se pongan en práctica, incluyendo vigilancia epidemiológica de la COVID-19 por al menos 15 días y donde es necesario la provisión de lugares de alojamiento temporales dignos y seguros. El Gobierno nacional y estatal ha solicitado ayuda para responder a las necesidades de esta población y están designado instalaciones como centros de alojamiento temporal. El 7 de abril, el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores hizo una solicitud formal de ayuda al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador Humanitario para apoyar la respuesta.