Un tribunal venezolano con competencia en casos vinculados con terrorismo decretó el sobreseimiento definitivo de la causa penal que se seguía en contra de Carlos Correa, periodista y director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público. La medida judicial, emitida el 17 de septiembre de 2026 a solicitud del propio Ministerio Público, extingue de forma absoluta el proceso instruido contra el defensor de derechos humanos por presuntos delitos de financiamiento al terrorismo e incitación al odio.
La decisión fue acordada por el Juzgado Cuarto de Control. Conforme a la información difundida por la organización que dirige, la resolución judicial se fundamentó en lo establecido en el ordinal primero del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, al determinar técnicamente que el hecho objeto del proceso no se le puede atribuir al imputado.
Espacio Público informa a la opinión pública nacional e internacional que el Juzgado Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo decretó, el 17 de septiembre de 2026, el sobreseimiento de la…
— Espacio Público (@espaciopublico) September 18, 2026
Cierre de medidas cautelares y vigencia del trabajo de Espacio Público
Durante la tramitación de esta causa criminal, el directivo se mantuvo bajo un régimen de medidas cautelares sustitutivas de libertad que le imponían la obligación de presentarse periódicamente ante la sede judicial y la prohibición expresa de salir del país. De acuerdo con las declaraciones del equipo legal defensora, este dictamen pone fin a las restricciones operativas que pesaban sobre el comunicador social y deja plenamente restablecidos sus derechos ciudadanos.
A través de un comunicado oficial publicado tras conocerse la medida, la organización no gubernamental destacó que «la labor que realiza esta institución desde hace más de dos décadas se enmarca estrictamente en la promoción y defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información pública y los derechos humanos en Venezuela».
Igualmente, manifestaron que el fallo judicial representa un paso indispensable para dar garantías al trabajo defensorial y periodístico que se ejerce de manera continua dentro del territorio nacional.
Por su parte, diversos colectivos de la sociedad civil y gremios de la prensa reaccionaron al dictamen destacando el valor de la sentencia dictada en favor de Correa. Los voceros comunitarios recordaron la urgencia de mantener esquemas institucionales que permitan el desarrollo sin obstáculos de la cobertura informativa, el escrutinio público y la labor humanitaria que ejecutan las distintas asociaciones civiles en el país.
