¿En qué condiciones estamos llegando a esta conmemoración del Orgullo Lgbti? Con una mezcla de sentimientos y de expectativa. Una mezcla de sentimientos por todo lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años. El movimiento Lgbti viene de un letargo producto de la crisis social, política y económica que vive el país. Un letargo que, de una otra forma, también ha sido la consecuencia de procesos de persecución, de hostigamiento contra algunos activistas que ya no se encuentran en Venezuela.
Ese letargo desarticula. Desarticula el movimiento, desarticula la organización, interrumpe los objetivos y se traduce en una no concreción de los derechos por los que tanto hemos luchado durante tantos años.
A esto se le suma una omisión por parte de los funcionarios del Estado venezolano que anteriormente decidieron entregar distintas estructuras y puestos de decisión a grupos conservadores, reaccionarios y antiderechos. Eso nos ha hecho dormir un poco durante un tiempo; estoy hablando, sobre todo, de los últimos cuatro años.
¿Cuántas personas tuvieron que salir? Al menos una decena de personas del colectivo Lgbti que tuvieron que abandonar el país y algunas incluso, bueno, tuvieron que ocultarse dentro del territorio nacional. Eso, sin duda, pasa factura, porque terminan desarticulando el movimiento. Ni siquiera los activistas Lgbti nos escapamos de ese momento de persecución que vivió Venezuela post elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ojalá que esa situación no vuelva a repetirse nunca más, porque no solo estás desarticulando un movimiento, sino que también estás afectando a familias, a personas que tuvieron que salir por los caminos verdes a través de fronteras.
El caso de Yendri Velásquez en Colombia es superlamentable. Y más lamentable aún es que, a la fecha, todavía no tengan una investigación, seria, unas conclusiones; la Fiscalía colombiana no ha ofrecido mayores detalles y eso llama poderosamente la atención. Debo decir que el abordaje tampoco fue el más adecuado al hablarse de crimen pasional y no reconocer que es un migrante en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos concluir que había sido un delito pasional cuando ni siquiera la fiscalía ha emitido unos actos conclusivos al respecto de la investigación?
Esa situación de persecución y hostigamiento poselectoral también alcanzó al movimiento Lgbti. ¿Han podido volver? Ninguno, hasta el momento, ha logrado volver. Yo esperaría que logren regresar al país a través de este proceso de amnistía que se ha abierto; sí se ha abierto para cerca de 9 mil personas que se han visto beneficiadas, algunas figuras públicas que han entrado por Maiquetía, pues yo también espero que estos activistas en algún momento puedan regresar a su país y seguir con su labor de defensa de los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual.
¿Cuáles fueron las omisiones más graves? Están relacionadas con la falta de jurisprudencia frente a las demandas que se han ejercido en el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de demandas que tienen más de una década, y que están relacionadas con la omisión sobre el matrimonio civil igualitario, la identidad de las personas trans, la criminalización de la Fuerza Armada por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de género; está relacionada con las familias homoparentales.
Esas, digamos, son las demandas básicas que están allí y que no han sido resueltas, en una evidente vulneración de la justicia, porque al no cumplir con lo que está establecido en los procesos judiciales, estás vulnerando los derechos humanos de la persona o del colectivo que recurre a tu instancia como poder del Estado para que emitas una sentencia o para que administres justicia.
Ese retardo procesal que ha sido aplicado a través de la omisión vulnera los derechos humanos del colectivo Lgbti. No tengo ninguna duda de que era por grupos conservadores que tenían una gran influencia en el Palacio de Miraflores. Hoy día sabemos que hay otra realidad; eso eso ha cambiado y eso es parte de las expectativas.
También están las omisiones legislativas. No hay ninguna ley que proteja a las personas trans, no hay una ley de matrimonio civil igualitario, no hay una ley contra toda forma de discriminación. Todas ellas han sido propuestas a los diputados y dentro de las comisiones y subcomisiones que hacen vida en la Asamblea Nacional. Eso también es parte de las omisiones.
Tenemos una omisión operativa, porque ciertamente hay derechos como el cambio de nombre que ha sido también objeto de omisión porque no se ha hecho efectivo. Ya tiene 15 años aprobado y todavía no se ha efectuado en los registros civiles. También, la sentencia de 2016 que reconoce a las familias homoparentales, y los registradores civiles se han negado a aplicarla para reconocer los vínculos jurídicos de familias homoparentales, aun cuando esa sentencia es vinculante.
Gozamos de derechos ya contemplados en la ley, pero que son inexistentes en la práctico.
