Aseguró que no hay un sistema de justicia para impartir justicia, sino para diligencias políticas, y que el mantener inactivos los juzgados del país contribuye a la impunidad y al hacinamiento en los centros penitenciarios, debido al retardo procesal

El abogado defensor de DDHH Rafael Narváez, se pronunció en contra de que el sistema de justicia en el país se mantenga paralizado, y se active puntualmente para hacer “diligencias políticas”.

A su juicio, la medida de mantener tribunales y órganos de investigación penal, además del sistema penitenciario cerrados, acción implementada desde la llegada del nuevo coronavirus al país, ha contribuido a la impunidad y a la violación de garantías constitucionales.

“No hay mejor aliado para la impunidad, que tener un sistema de justicia politizado y un sistema policial sin miramientos para violar los derechos humanos de los ciudadanos. Nuestro país tiene años sin Poderes Públicos autónomos e independientes, el acceso a la justicia es limitado y solo se utiliza para enviar a prisión a la disidencia opositora sin respetar el derecho a la defensa y respeto a la presunción de inocencia”, expresó Narváez.

Indicó que la pandemia y el crecimiento exponencial de la COVID-19 en el país le han caído como anillo al dedo al Gobierno para que, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le bajara la “santamaría” a la justicia en Venezuela, apoyándose en los decretos de alarma y de Estado de Excepción, que califica de fracasados y que, en su opinión, solo han servido para incrementar el control social de la población con la excusa de querer cortar la cadena de contagios.

Explicó el profesional del derecho que, al mantener inactivo el sistema de justicia se profundiza el nivel de hacinamiento en todas las cárceles y recintos policiales, al acrecentar el retardo procesal, violando también los derechos humanos de los detenidos, que deben ser objeto de un juicio justo o, según el caso, ser procesados en libertad.

Llamó la atención el jurista de que muchos detenidos pueden resultar inocentes y que, al mantenerlos privados de libertad se violentan sus derechos fundamentales y se les expone a males mayores, incluidos los de contagiarse con COVID-19.

Apuntó que “en Venezuela se llama a unas elecciones, que son un evento masivo, y que comprende hacer campaña electoral y aglomeraciones de gente y movilizaciones el día de la elección, pero no se es capaz de, tomando las medidas de prevención, activar el sistema de justicia”.

Asimismo, sostuvo que los tribunales o el Ministerio Público sí sirven para hacer audiencias “flash” e imputar a supuestos conspiradores, pero no para atender miles de casos de personas privadas de libertad por delitos menores que incluso, al no haberse continuado o iniciado el respectivo proceso judicial, no se ha podido comprobar que dichas personas sean culpables, además de que quienes sean auténticos culpables, no reciben la pena que merecen.

“Aquí hay un sistema de justicia que no imparte justicia, sino que hace mandados o diligencias políticas”, apuntó.

Narváez también cuestionó el silencio por parte de los colegios y federación de abogados y de los abogados litigantes que no se pronuncian para exigir que el TSJ saque de la cuarentena al sistema de justicia