Preso sin juicio: Así denuncia la ONU el encarcelamiento del general Raúl Baduel

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El Tribunal Primero de Juicio Militar asignado al caso no ha fijado una fecha de apertura del juicio, alertó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

No hay un juicio abierto al general Raúl Isaías Baduel, más de tres años después de su nuevo encarcelamiento, denunció este jueves 16 de septiembre, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Este es el resumen del caso que se difundió en el informe:

«Tras haber sido condenado por cargos de corrupción en 2009, el general Raúl Baduel estaba cumpliendo los últimos meses de su condena en libertad condicional, con la prohibición de salir de su estado, cuando el 10 de enero de 2017, menos de tres meses antes de la expiración de su condena, miembros de la DGCIM y del SEBIN allanaron su casa. Dos días después, el 12 de enero de 2017, el general Baduel acudió al tribunal militar en cumplimiento de su medida cautelar de presentación periódica ante el tribunal, pero los funcionarios del tribunal no le permitieron firmar en el libro de registro estándar, según un testigo presencial.

Al salir del tribunal, unos 30 funcionarios de la DGCIM detuvieron al general Baduel y lo llevaron a un lugar desconocido. Su abogado se dirigió inmediatamente al tribunal, pero se le dijo que el tribunal no había sido notificado de su detención.

Unos días después, la familia del general Baduel se enteró que estaba recluido en CENAPROMIL Ramo Verde. Posteriormente, el General Baduel fue notificado de la revocación de las medidas sustitutivas del cumplimiento de la pena, supuestamente por incumplimiento de su régimen de presentación.1001 El 2 de marzo de 2017, un día antes de su salida programada de Ramo Verde y del cumplimiento de su condena, el general Baduel recibió una notificación en la que se le acusaba de un nuevo conjunto de delitos militares. Su caso estaba vinculado al del general Ramón Lozada, detenido el 24 de enero de 2017, y a otros nueve, ante el Juez Primero de Control Militar de Caracas.

La Fiscalía Segunda Militar con competencia nacional imputó a las personas acusadas por traición a la patria e incitación a la rebelión. Esa investigación se había abierto el 13 de enero de 2017, al día siguiente de la nueva detención del general Baduel.

La orden de abrir la investigación militar se basó en: 1) un informe de inteligencia de la DGCIM en el que se alegaban reuniones clandestinas para desestabilizar al Gobierno1007 y 2) una carta del Director General de la DGCIM, de fecha del 10 de enero de 2017, el día del allanamiento de la casa del general Baduel, indicando que el general Baduel realizaba reuniones insurreccionales y almacenaba armas en su casa, lo que sirvió como evidencia que motivó la investigación. Según un testigo con conocimiento directo del registro, no se incautaron armas en el domicilio del General Baduel. La audiencia preliminar del general Baduel se celebró el 28 de febrero de 2018, y la audiencia preliminar de las otras personas acusadas el 22 de marzo de 2018. El juicio fue ordenado el 9 de marzo de 2018, pero la decisión no se publicó hasta el 11 de diciembre de 2019. El Tribunal Primero de Juicio Militar asignado al caso no ha fijado una fecha de apertura del juicio al momento de redactar este informe, más de tres años después.

Entre 2017 y 2021, el general Baduel estuvo recluido en diferentes centros de detención, entre ellos la prisión militar de Ramo Verde, Plaza Venezuela del SEBIN y Fuerte Tiuna de la DGCIM. El 9 de febrero de 2020, el general Baduel fue sacado de Fuerte Tiuna sin ninguna orden judicial ni notificación a sus abogados; su familia y sus abogados desconocieron su paradero durante 23 días. Sus representantes presentaron denuncias por su desaparición, pero no recibieron respuesta del Poder Judicial. Después de este período, se informó a sus abogados de que estaba detenido en Plaza Venezuela; sin embargo, al general Baduel se le negaron las visitas de su abogada o de sus familiares durante los ocho meses siguientes, hasta octubre de 2020. Permanece en prisión preventiva.

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