El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, admitió que los tres fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado
Tres casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos (DDHH) se convirtieron en noticia y en tendencia en redes sociales el pasado fin de semana. Las declaraciones del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, el pasado sábado 1 de mayo, implican un cambio en la narrativa oficial por la muerte de Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo.
Pernatele: de pistola de perno a bomba lacrimógena.
El asesinato de Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana, ocurrió durante una de las centenas de protestas antigubernamentales del año 2017. Pernalete murió en una manifestación en Altamira (municipio Chacao) el 26 de abril, y desde el primer momento su familia y defensores de DDHH denunciaron que falleció por el impacto de una bomba lacrimógena.
Sin embargo, integrantes del gabinete de Maduro aseguraron que Pernalete murió debido al disparo de una pistola de perno. Incluso, el diario oficialista Últimas Noticias lo escribió en su edición del 27 de abril. Hoy día, al hacer la búsqueda, aparece el tuit en el que se sugiere la hipótesis de la pistola de perno, pero la nota no existe.
El portal oficialista Lechuguinos ofrece, incluso, supuestos datos de la autopsia de Pernalete y de una presunta fuente del Ministerio Público: «Un golpe seco que no dejó herida porque el arma usada no tiene bala; el perno salió y retornó al arma».
La fiscal general destituida por la constituyente, Luisa Ortega Díaz, sostuvo -el 24 de mayo de 2017- que Pernalete falleció por una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40037960
El pasado sábado 1 de mayo, Saab admitió que Pernalete «falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho», caso por cual «se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva».
Albán: ¿De «suicidio» a asesinato?
El concejal Fernando Albán, dirigente del partido Primero Justicia, regresó al país procedente de Estados Unidos (EEUU) el 5 de octubre, y fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por una comisión de la policía política, el Sebin. Estuvo casi 48 horas en estado de desaparición forzada.
El 8 de octubre el propio Tarek William Saab informó que Albán se suicidó. Albán “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el piso diez» de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. El entonces ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, escribió en Twitter que, cuando el concejal iba a ser trasladado al tribunal para su presentación “encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”. Así lo recuerda Acceso a la Justicia.
Tres años después, Saab cambió su declaración: «En su momento se imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales».
Acosta Arévalo: Torturado hasta morir
El capitán Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 y estuvo en desaparición forzada hasta el 26 de junio. Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar lo llevaron a un tribunal militar mientras agonizaba como consecuencia de las torturas propinadas.
Un informe de Amnistía Internacional asegura que no recibió atención médica: «Amnistía Internacional encontró que Rafael Acosta Arévalo falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte. Esta evidencia contradice la versión oficial de las autoridades venezolanas, quienes difundieron que la víctima había muerto en el Hospital Militar Vicente Salias después de haber recibido atención médica».
“Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En un primer momento (julio de 2019) Saab anunció que pidió la detención de dos oficiales de la Guardia Nacional por la muerte de Acosta Arévalo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48834750
El pasado 1 de mayo Saab afirmó que en octubre de 2020 «se celebró una nueva audiencia de imputación contra 2 funcionarios de la DGCIM por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura». Por primera vez el funcionario se refiere a homicidio intencional calificado y utiliza la palabra tortura.
