Un total de 38 medios de comunicación, acompañados por 63 organizaciones, asociaciones y gremios, hicieron público el 31 de agosto de 2026 un documento titulado «Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión», mediante el cual rechazan la normalización de la censura y plantean una serie de peticiones orientadas a restablecer las garantías informativas en el país.
El texto señala que el ejercicio periodístico y la libertad de expresión han sufrido limitaciones continuas producto de persecuciones, restricciones e intervenciones en el espacio público. Frente a este panorama, las entidades firmantes demandan cambios en diversos ámbitos del sistema comunicacional y judicial venezolano.
Entre las medidas prioritarias exigidas figura la excarcelación de ciudadanos detenidos por motivos vinculados a la emisión de opiniones, la finalización de procedimientos judiciales iniciados contra trabajadores de la prensa y la restitución de pasaportes anulados a comunicadores.
Asimismo, el pronunciamiento solicita la revisión de concesiones o licencias que fueron revocadas, la devolución de bienes expropiados a empresas de comunicación y el establecimiento de mecanismos transparentes para la asignación de nuevas frecuencias radioeléctricas.
En relación con el entorno digital, el grupo de organizaciones insta al cese inmediato de los bloqueos y a la remoción de restricciones impuestas a plataformas informativas y portales de internet. En el plano legislativo, el manifiesto requiere la derogación de varios instrumentos jurídicos, entre los que se incluyen la Ley contra el Odio, la Ley RESORTE, la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo, con el fin de reemplazarlas por un marco legal enfocado en la protección del libre derecho a informar y recibir información.
Finalmente, el documento aboga por una reestructuración de las instituciones vinculadas al sector. En el caso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, se plantea la necesidad de transformarla en un organismo técnico, independiente y con una gestión auditable del espectro radioeléctrico. De igual forma, se solicita que los medios del Estado operen con pluralidad al servicio de toda la ciudadanía, desestimando su uso como herramientas de propaganda, hostigamiento o discriminación.
