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jueves, 25 abril, 2024
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Nelson Freitez: Debe haber sectores en el Gobierno a quienes les pesa la detención y el proceso judicial contra Rocío San Miguel

Texto: Vanessa Davies

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«La pérdida de popularidad del gobierno actual, y la cercanía con un próximo proceso electoral, indudablemente son variables que van a incidir sobre las actuaciones represivas por parte del Estado y del partido de gobierno», enfatiza el defensor de derechos humanos y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

La detención de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, marca un antes y un después en Venezuela. «Para quienes estamos en labores de defensa de derechos humanos, y defendemos el espacio cívico en Venezuela, esta detención es violatoria de todos los derechos a un debido proceso, a la justicia, a defender derechos; constituye una de las más graves violaciones a defensor alguno en Venezuela por lo que implica», critica Nelson Freitez, profesor titular y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

San Miguel «ha tenido una trayectoria muy importante en temas muy exigentes como la seguridad, la defensa nacional, monitoreo de la actuación de la Fuerza Armada, y ha sido víctima de la violación de sus derechos, incluso siendo beneficiaria de una decisión de la CIDH. Control Ciudadano ha documentado decisiones que lesionan la soberanía nacional y el derecho de la población a la seguridad y a un orden interno de la nación», agrega Freites.

«La detención de San Miguel y de su familia, y lo que ha implicado esta desaparición forzada, revelan un aumento de los niveles de agresión y de ataques a defensores de derechos humanos. Ya vemos el caso Tarazona, que por defender la integridad nacional lleva más de 250 días detenido, y hay irregularidades en su proceso judicial. Son dos casos emblemáticos, castigos que buscan mandar un mensaje a defensores de derechos humanos», enfatiza en entrevista telefónica con contrapunto.com.

-¿Qué mensaje?

-Se busca intimidar a quienes documentan violaciones graves de derechos humanos, a quienes buscan tener incidencia, a quienes buscan la justicia que ya no pueden tener en el país porque los organismos a los que les compete investigar derechos humanos no lo hacen. Este es un mensaje para que quienes vienen expresando su voz en instancias internacionales de derechos humanos, organismos multilaterales para que se conozca la situación humanitaria del país. Se considera a quienes defendemos derechos humanos como enemigos internos. El mensaje es que estamos bajo amenaza, en cualquier momento puede ocurrir algo. Buscan inhibirnos, que no se haga la labor que debemos hacer.

-¿Está relacionado con el proceso electoral?

-El Centro para los Defensores y la Justicia, que viene documentando las situaciones de acoso, hostigamiento, estigmatizaciones, campañas contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, registró 547 ataques en 2023, lo que representan un incremento de más de 30% en relación con 2022. Este año, entre enero y febrero, se han incrementado estos ataques con la política de la furia bolivariana. La pérdida de popularidad del gobierno actual, y la cercanía con un próximo proceso electoral, indudablemente son variables que van a incidir sobre las actuaciones represivas por parte del Estado y del partido de gobierno. Todos los años en los que ha habido proceso electorales se han incrementado las violaciones de derechos electorales y de quienes defendemos derechos humanos.

Freites asegura que las organizaciones y los defensores de derechos humanos han aprendido a actuar de manera colectiva e inteligente, y han levantado la voz. «Se han expresado declaraciones públicas de más de 400 organizaciones en rechazo a la ley sobre las ONG. También recientemente hicimos una declaración pública rechazando la detención y desaparición forzada de San Miguel. Hubo una rueda de prensa de defensoras de derechos humanos que demostró una fuerte sororoidad. Es la afirmación de una sociedad: no vamos a dejar que el derecho a defender derechos sea violentado sin levantar la voz, sin dar la cara y sin salir a defenderlo. Lo estamos haciendo de manera asertiva y firme, y hemos logrado interlocución internacional. El mismo alto comisionado sigue expresando su desacuerdo con estas políticas restrictivas y acaba de dar otra declaración, porque lo que está ocurriendo sobre el tratamiento a organismos internacionales es inaceptable».

-¿Qué se debe garantizar este año?

-Que haya libertad de promoción de candidaturas, evitar la violencia sobre quienes están promoviendo derechos electorales, que haya libre desenvolvimiento de candidaturas porque es un momento importante de la sociedad para levantar propuestas. Hay que revisar el Registro Electoral, hay que abrir ese Registro para que los jóvenes puedan inscribirse, garantizar una apertura de los centros de inscripción en el CNE. Estar pendiente de que haya condiciones favorables para que los venezolanos en el exterior puedan renovar su pasaporte y su documentación, y que se les permita renovar su inscripción. Todo eso está pendiente de hacerse, son las garantías y condiciones electorales que debe haber en todo proceso electoral. Hay que crear las condiciones para que los venezolanos puedan expresarse. Aun no sabemos el cronograma electoral, está pendiente que el CNE pueda informarlo.

-¿Por qué los defensores de derechos humanos deben ocuparse de estos temas?

-Hay organizaciones dedicadas a estos temas, como el Observatorio Electoral Venezolano, el observatorio de comunicación y democracia. Ha ido creciendo el observatorio de organizaciones con competencia electoral precisamente por las violaciones, que son consuetudinarias. Si se revisa el informe de la Unión Europea se pueden observar las garantías que deben resguardarse para hacer un proceso electoral relativamente transparente y competitivo. Pero, más que el gobierno valorar esa misión, esa misión fue expulsada del país, y eso crea un panorama muy complejo. Son temas de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos son derechos humanos.

-El gobierno los ve como enemigo interno. ¿Cómo contrarrestarlo?

-Podemos hablar del espíritu del 23 de enero de 1958 y a mí me gusta pensar que el 22 de octubre de 2023 se expreso un espíritu democrático, la necesidad de resolver las diferencias por las vías electorales. Percibimos en ambientes populares, en urbanizaciones, en sectores un voluntad muy firme de expresarse cada quien con su voto. Históricamente maceramos un espíritu democrático muy profundo que vive en el alma de millones de personas. Hay un agotamiento pero también hay una esperanza de que Venezuela puede cambiar, y de que se puede resolver por la vía electoral. Estamos agotados de la violencia, del uso de expedientes y procedimientos represivos, el abuso policial y el abuso de los organismos militares. Todos vivimos una emergencia humanitaria, deterioro de servicios que nos tienen asfixiados. La gente cree en un proceso electoral, la elección puede ser un camino y eso está acendrado y confirmado. Esa voluntad firme se va a expresar para garantizar un proceso electoral en mejores condiciones.

-¿Qué evita llegar a Nicaragua?

-Ha aumentado lo que el poder llama la furia bolivariana, y han aumentado los niveles de alerta de la comunidad internacional, el sistema de derecho humanos. Este 1 de marzo la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) va a tomar una decisión importante sobre el caso Venezuela. Hay una presión internacional. No solamente son declaraciones; empiezan a ser actos y eventos significativos sobre el Estado venezolano. Por más que haya voluntad de ignorarlo, van a pesar sobre la élite en el poder. Por un lado, hay una disposición de la población que, a pesar de obstáculos y presiones internas para que se radicalicen y haya actos de calle que generen enfrentamiento, no ha ocurrido. Pero sí han ocurrido pronunciamientos internacionales crecientes, porque la ruta electoral está muy marcada. Esto va a aumentar las presiones internacionales a niveles superiores a los que hemos vivido, y eso puede influir en sectores del partido de gobierno y del gobierno para repensar las decisiones que han tomado.

-¿La furia bolivariana sigue?

-Sigue, pero sigue generando altos costos. Debe haber sectores en el gobierno a quienes les pesa la detención y el proceso judicial contra Rocío San Miguel. El peso de los pronunciamientos internacionales en relación con este caso, y el costo para el gobierno y el aislamiento que profundiza sobre el gobierno, inciden en esto; evidentemente que tienen que estar evaluando cómo han manejado este caso, como manejan sus políticas. Eso los está afectando; debe haber algún tipo de reflexión sobre estas políticas y el beneficio que les puede producir.

-¿Cómo queda la ley sobre las ONG?

-Parece un alfil en esta negociación. Ha sido cuestionada por entes de distinto tipo. Se ve la inconveniencia de la ley. Desde hace varios años la élite en el poder, con esta ley de fiscalización, tiene como una espada de Damocles. Llama la atención que pasa el tiempo y no pasa de la primera discusión; dicen que está por aprobarse y no terminan de aprobarla. Creo que evalúan el costo que les puede generar, el aislamiento internacional que les puede traer. Tienen una ruta muy radical, pareciera trazada, pero deben evaluar los costos, y creo que los costos son muy altos para ellos.

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