La Corte Penal Internacional, consideró el defensor de derechos humanos e integrante de Provea, «puede acelerar y ampliar la investigación que viene realizando sobre crímenes de lesa humanidad desde el año 2014»
Detenciones. Muertes. Audiencias telemáticas. Lo que ha sucedido después del 28 de julio en el ámbito de los derechos humanos, después de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales. El abogado Marino Alvarado, defensor de derechos humanos, llamó la atención sobre «la represión tan intensa contra los sectores populares», porque la mayoría de las personas encarceladas son jóvenes de las zonas más depauperadas.
«Aquí se repite lo que ocurrió en el 2019 cuando se realizaron protestas en algunas zonas populares como Catia, Cotiza, Petare, en la cual fueron usados los grupos élites de las FAES y del Conas, que reprimieron y causaron varias muertes». En esta oportunidad, rememora, «se volvió a arremeter contra los sectores populares porque fueron los que más se movilizaron. Por eso buena parte de las personas asesinas provienen de sectores pobres y la gran mayoría, en el caso de las detenciones, es una ofensiva contra los jóvenes pobres. Lo mismo que se hace con los operativos de seguridad dirigidos contra la juventud de las zonas populares, ocurrió con la represión a la protesta».
Según Alvarado, la gran mayoría de los detenidos ahora «son jóvenes menores de 25 años».
La Corte Penal Internacional, consideró, «puede acelerar y ampliar la investigación que viene realizando sobre crímenes de lesa humanidad desde el año 2014. Es importante recordar que el foco principal de la investigación de la fiscalía está en la persecución a la disidencia en Venezuela y las consecuencias de esa persecución: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos y torturas».
Si se agilizaran estas investigaciones podría haber medidas inmediatas: «En esa aceleración de las investigaciones la CPI pudiera, a mediano plazo, dictar órdenes de captura u órdenes de comparecencia». Recordó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, «a través de la comisión de expertos que se creó para investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que ha estado reportando de manera constante documentación realizada por esos expertos, solicitó a la fiscalía que dicte órdenes de captura».
Por esas órdenes de captura o comparecencia se verían afectadas «algunas de las personas nombradas en los informes de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que ha identificado a unos presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad con nombre apellido y cargos», analiza.
Aunque la fiscalía de la Corte Penal Internacional no tiene que llegar a la misma conclusión sobre los presuntos responsables, subrayó, «no hay duda de que tomará en cuenta las investigaciones de la misión y las razones por las cuales se considera que esas personas identificadas en los informes de la misión de determinación de hechos coinciden con los presuntos responsables que la fiscalía de la corte penal internacional ha podido identificar».
El fiscal de la Corte, explicó Alvarado, «pudiera, tal como lo ha hecho en otras situaciones como la de Israel y Gaza o la guerra de Ucrania, visitar Venezuela en este contexto como una medida que pudiera ser por un lado preventiva de advertencia al gobierno, que sigue muy de cerca los crímenes que se están cometiendo; y en segundo lugar, ejercer la presión para que haya investigación».
