«Las tablas salariales aprobadas «eliminan unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores, con la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos, lo que menoscaba abiertamente todos los derechos contenidos en actas convenios, contrataciones colectivas y todos los acuerdos suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo»
Cuando un grupo de trabajadores universitarios acudió el 23 de marzo a la sede de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), en Sabana Grande (Caracas), lo hizo para tildar a las autoridades del Ministerio de Planificación de neoliberales. Menos de una semana después de esa movilización, en una asamblea de universitarios celebrada en Plaza Venezuela, los líderes gremiales acusaron de patiquines a los funcionarios del Ministerio de Planificación. El 30 de marzo protestaron en el Ministerio de Educación Universitaria, y posteriormente introdujeron en la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) un recurso de reconsideración para rechazar las tablas aprobadas por la Onapre.
¿Por qué neoliberales? Porque han acabado con las reivindicaciones históricas de los trabajadores, asegura Eduardo Sánchez, presidente del sindicato Sinatra-UCV. ¿Por qué un recurso de reconsideración?. Porque se están violentando los beneficios establecidos en las contrataciones colectivas, señala Víctor Márquez, presidente de la Apucv.
Antes de la protesta masiva de jubilados y pensionados del 9 de marzo, el mandatario Nicolás Maduro anunció que las pensiones y el salario mínimo subirían a medio petro. Lo que finalmente se publicó en la Gaceta Oficial no fue lo prometido por Maduro, lo que abonó más al malestar de los gremios.
«Hay una reducción global de 35%», estima Sánchez. «A lo que vas a cobrar le falta 35%». Lo que hay «es una política de empobrecimiento», asevera. «Lo que no sabemos es por qué el odio contra los trabajadores, si nosotros somos los que podemos sacar adelante este país y somos la mayoría».
Un informe de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC) denuncia que el MPPEU «impone una ilegal tabla salarial, preparada entre gallos y medianoche con los sindicatos y rectores del régimen para los trabajadores del sector universitario, en la que unifica la remuneración de los trabajadores, violando todos los acuerdos establecidos en las Convenciones Colectivas preexistentes».
El Gobierno Nacional, «a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, impone una política laboral violatoria de los Convenios con la OIT, la CRBV, la Ley de Universidades, La Ley del Sistema de Cuidados para la Vida y la IVCCU, utilizando la Violencia Oficial Autocrática (VOA) para intentar aplicar y materializar, el mayor despojo de derechos y beneficios acordados en Acuerdos de Convenciones suscritas por ellos mismos, como es el caso de la IVCCU para el sector universitario».
Esta situación no es nueva, aclaran. «Se viene presentando desde el año 2018, cuando desconocieron el 4.75 salarios mínimos de arranque en la tabla salarial y la interescala. Asimismo, en el año 2020 pretendieron desconocer beneficios socioeconómicos que venía percibiendo el personal jubilado de esta institución».
Las tablas salariales aprobadas «eliminan unilateralmente los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores, con la alteración de la estructura de las tablas salariales y de la fórmula de cálculo de beneficios socioeconómicos, lo que menoscaba abiertamente todos los derechos contenidos en actas convenios, contrataciones colectivas y todos los acuerdos suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, alcanzados hasta la fecha por los trabajadores.
Estos son los beneficios «mochados» por la Onapre:1.- Prima de Antigüedad: Se presenta una tabla donde se establece un límite hasta los 23 años de servicios o más, asignando como máximo un 30% del salario normal. «Con esta acción, se castiga a los profesores activos que aún permanecen en actividad y que ofrecen, experiencia, capacidad, lealtad institucional y ética al trabajo, que representan el 16% del total de la nómina de las universidades».
2.- Prima de Profesionalización: Se presenta una tabla de 5 niveles de educación formal desde TSU a Doctor, en la que «reducen entre 5 y 20 el porcentaje en los grados de instrucción de cuatro niveles, a saber: profesional, especialista, magíster y doctor».
3.-Tabulador de salario base para Docente Universitario, Personal Administrativo y de Apoyo y Personal Obrero: «Se pretende imponer un tabulador diferente, incumpliendo lo preceptuado en la cláusula 67 de la IV CCU, ya que no se respetan las interescalas previamente establecidas. A pesar de que se inicia el tabulador con el salario mínimo nacional, no se aplica los 4.5 salarios acordados, ni tampoco el 1.5 salario mínimo acordado en la IVCCU. Se visualiza el achatamiento de estas escalas, cuyas diferencias son miserables: 9 a 12 bolívares para personal obrero; 4, 5, 7, 8, 10 para los administrativos y finalmente, 40 para los docentes»
4.- Se elimina la Prima de Titularidad. «Está prima representaba, para el profesor titular de máximo escalafón, el 20% de su salario básico».
5.- Prima de Responsabilidad: «En la práctica, quienes devengan esta prima son los que no pueden argumentar ninguna falta o ausencia, por lo significativo de su dedicación al trabajo y a la actividad de trabajo de cada día. Esta Prima quedó eliminada y, con ello, la perdida de motivación para las responsabilidades adicionales».
6.- Las Primas de Complemento de las convenciones colectivas «sufren un fuerte impacto de reducción».
Prima de Actividad universitaria, consagrada en la cláusula 73 de la IV CCU, «se reduce en un 50%, ya que de 25% del salario base, se disminuye a 12.5%».
Prima Familiar, contemplada en la cláusula 69 de la IV CCU, «se reduce en 30% la fórmula de cálculo, ya que pasa de 40% a 10% del ingreso mínimo nacional mensual».
Prima por hijo: «se establece un monto fijo, reduciendo el cálculo en 60% del valor determinado. Se proyecta que en lugar de pagar el 17,5% del ingreso mínimo nacional, intentan pagar 9,6%».
«Las infracciones se repiten en diferentes cláusulas, tales como becas de estudio, prima para hijos con discapacidad, Día del padre, Día de la madre, bono por juguetes, ayuda por nacimiento, matrimonio, entre otros, estableciendo para cada concepto un monto único de Bs 12.5, desconociéndose lo establecido en las convenciones colectivas y lineamientos previamente establecidos, obviando la garantía al estado social del derecho», señala.
Cestaticket Socialista:«fue establecido en 45 bolívares mensuales. Hasta el mes de febrero del presente año se pagaron 49», refiere. Por ende «no hubo aumento, sino disminución en dicho beneficio».
La incorporación de los bonos que se anunció «en realidad fue una desmejora al ingreso, ya que elimina las bonificaciones (previstas en la IV CCU cláusulas 71 y 72) percibidas por estos conceptos». Según el análisis de la APUC «los bonos no forman parte del salario, si no que se eliminaron, y en consecuencia, se disminuyó el ingreso de los trabajadores».
En síntesis «hubo un aplanamiento de los montos de las remuneraciones en los distintos niveles, desmejorando todos los beneficios de primas: desapareciendo además primas (responsabilidad, alto nivel y prima titular), bonificaciones, y demás beneficios contractuales, lo que configura el mayor de los ilícitos laborales ocurridos en esta materia».
Para Eduardo Sánchez se trata «de una política de Estado» dirigida a depauperar a los trabajadores. Para dirigentes de los docentes como Keta Stephany, directiva de la Fapuv, esto forma parte de un plan dirigido a acabar las universidades como las conocemos y convertirlas en otra cosa.