El informe sobre Venezuela del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos mantiene las alarmas acerca de situaciones críticas y hace 15 recomendaciones. Tambiñen llamó a levantar las sanciones sectoriales.
«El Alto Comisionado reitera su llamado a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que levanten las sanciones sectoriales que exacerban los problemas preexistentes y afectan negativamente al disfrute de los derechos humanos y la asistencia humanitaria, y apoyen los procesos de diálogo nacional«, recogen las conclusiones.
Estas son las 15 recomendaciones:
- Desarrollar urgentemente, en consulta con la sociedad civil y otros actores relevantes, un plan de acción para fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que garanticen su subsistencia, incluida la seguridad alimentaria, a través de un proceso socialmente inclusivo, consistente con el derecho internacional de los derechos humanos;
- Establecer medidas normativas, institucionales y políticas para cumplir con sus obligaciones en materia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención sanitaria, incluyendo la protección y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud;
- Continuar los esfuerzos para garantizar la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que se hace hincapié en la necesidad de prevenir urgentemente los riesgos naturales y de origen humano como los vertidos de petróleo, de forma que se cumplan las normas de derechos humanos, incluidas las relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas, y en un esfuerzo por abordar las causas estructurales de los riesgos medioambientales;
- Garantizar salarios justos para garantizar una vida decente y digna para los trabajadores y sus familias, y proseguir el diálogo con empleadores y trabajadores para garantizar el pleno respeto y disfrute de los derechos laborales;
- Investigar y sancionar plenamente los actos de discriminación o violencia de cualquier tipo, incluso en contra de los Pueblos Indígenas, de una manera que sea culturalmente sensible, apropiada y que esté en consonancia con las normas de derechos humanos;
- Fortalecer las políticas públicas y la regulación para asegurar la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres, incluyendo hacia la plena implementación de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres y el plan de acción nacional para enfrentar la violencia de género, publicar información actualizada relativa a la salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto;
- Asegurar que las medidas de protección están disponibles para las víctimas de violencia de género, incluyendo la implementación y funcionamiento de refugios de atención y asistencia, y garantizar el acceso a la justicia de manera libre de discriminación y prejuicios;
- Investigar con celeridad todos los casos de violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+ y adoptar un protocolo de investigación específico para delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, así como garantías para el pleno reconocimiento de sus derechos, incluyendo el reconocimiento legal para las personas trans a la identidad de género de su elección, y el matrimonio entre personas del mismo sexo;
- Promover un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de todos los actores y organizaciones, libre de interferencias o restricciones indebidas, incluyendo la adopción de medidas para garantizar el pleno disfrute del derecho a participar en los asuntos públicos; prevenir, investigar y sancionar los ataques, intimidaciones y otros actos de hostigamiento contra los miembros, o simpatizantes percibidos de los partidos de la oposición;
- Establecer garantías para la libertad de asociación de los actores y organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicalistas y periodistas, y asegurar que el marco normativo no obstaculiza su capacidad para llevar a cabo su trabajo y prestar servicios vitales a las comunidades;
- Liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, asegurando garantías de no repetición;
- Proseguir los esfuerzos para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención y mejorar las condiciones de detención, especialmente en los centros de detención preventiva, garantizando, entre otras cosas, el acceso a la salud, a una alimentación adecuada y al agua a todas las personas privadas de libertad;
- Poner fin e investigar todas las denuncias de desapariciones forzadas, y adoptar todas las medidas necesarias para apoyar la búsqueda oportuna y efectiva de las personas desaparecidas, en consonancia con sus obligaciones de continuar la investigación para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, los recursos y las garantías de no repetición.
- Adoptar medidas para garantizar que la información de los registros de detenidos y sus lugares de detención estén fácilmente disponibles para sus abogados y familiares.
- Garantizar que la legislación y la jurisdicción antiterrorista cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, a saber, los principios de legalidad, seguridad jurídica, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
