La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este miércoles la «exclusión» de la libertad de expresión en la actual transición política de Venezuela, donde afirmó que persisten el bloqueo informativo, la censura digital, la persecución a periodistas y el exilio forzado.
La organización, con sede en Miami, urgió en un posicionamiento que Venezuela adopte «medidas concretas» para el ejercicio «libre» del periodismo, al señalar que las reformas discutidas, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, no contemplan las libertades de expresión y de prensa.
«La omisión de estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas constituye una señal alarmante que compromete la viabilidad de una transición democrática genuina», indicó el organismo.
Su pronunciamiento ocurre en medio de denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, que esta semana reportó que tribunales rechazaron la amnistía de la periodista Nakary Mena y su esposo, el productor audiovisual y asistente de cámara Gianni González.
Además, activistas y periodistas exigieron el viernes pasado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a páginas web y cese la «censura a internet generalizada» en el país, donde denuncian que hay más de 200 dominios bloqueados por el Gobierno.
Ante las reformas que impulsa la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la intervención estadounidense del 3 de enero, la SIP sostuvo «que, sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible».
El organismo exigió «el levantamiento del bloqueo informativo, actualmente impuesto por el ente regulador Conatel», pues restringe el acceso a más de 60 portales de noticias nacionales e internacionales, como El Nacional, CNN en Español, Infobae y NTN24.
También pidió «garantías jurídicas y personales para periodistas perseguidos, incluyendo el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización», y que los comunicadores liberados «puedan ejercer plenamente su labor» sin «ningún tipo de limitación o represalia».
Además, demandó la devolución de bienes y medios confiscados, incluyendo sedes, equipos y frecuencias, en casos que «representan formas de censura patrimonial».
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso, incluyendo 7.474 con libertad restringida y medidas cautelares, desde la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero pasado.
Pero la organización Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba aún 508 detenidos en Venezuela.
