Las personas con la enfermedad, o la sospecha de tenerla, se enfrentan a la estigmatización
Obligar a las personas a recluirse en un centro de salud porque tienen la covid-19, o hacerles por la fuerza los exámenes para detectar el coronavirus, ¿son medidas justificadas en el contexto de la pandemia?
Cuando el mandatario Nicolás Maduro ordenó que todas las personas que hubiesen estado en contacto con pacientes debían ser llevadas a instituciones de salud, la psicóloga Colette Capriles señaló en redes sociales que medidas como esas solo ahuyentarían a quienes tuviesen síntomas de la covid-19.
Prácticas como estas se han reportado no solo en Venezuela. Tampoco es la primera vez que ocurre con una crisis de salud. Ya la humanidad sufrió la estigmatización con el virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y el Observatorio de Bioética y Derecho advierten que las personas que piensen que pueden estar contagiadas no lo van a decir, por temor a ser llevadas a la fuerza para cumplir con un confinamiento.
Como ocurrió hace varias décadas con las personas con VIH, «las personas con COVID-19 tendrían miedo de hacerse las pruebas diagnósticas, poniendo a Venezuela en una situación difícil y de mayor riesgo frente a la pandemia, pues se ha dicho sobre otras países, como Alemania, que la baja tasa de mortalidad guarda relación, entre otros factores, con el altísimo número de pruebas diagnósticas que realiza», explican las investigadoras Andrea Santacruz Salazar y Angélica Calzadilla Rodríguez en el trabajo «Reflexiones sobre la criminalización en el contexto de las pandemias, especial énfasis en la situación de Venezuela».
Ambas señalan que «criminalizar a los enfermos de COVID-19 o a los ciudadanos que incumplan las medidas sanitarias como una acción general, es un nuevo quiebre del estado constitucional de derecho, cuya recuperación puede ser tan difícil como lo será la reconstrucción económica y social cuando termine la pandemia».
Pero la política del miedo no se limita al Estado. También pueden incurrir en ella los ciudadanos. En Venezuela «se conocen casos de vecinos que informan sobre otros vecinos haciendo ejercicio en el conjunto residencial en el que viven para que la policía actúe, o vecinos que informan que otros vecinos tienen síntomas para que sean trasladados a centros de salud, aun cuando el enfermo no ha manifestado su
voluntad para ello, violando el principio de autonomía que es fundamental en el área de la salud».