Un docente necesita al menos entre 400 y 500 dólares al mes para libros, revistas y otras actividades del conocimiento, calcula Héctor Moreno, directivo de la Apucv. Comprar revistas, ir a un congreso o suscribirse a publicaciones es algo prohibido para los profesores venezolanos. En las condiciones actuales “tienen que poner de su bolsillo para este tipo de actividades”, condena Tulio Olmos, vicepresidente de Apucv

Cada mes, “llueva, truena o relampaguee”, el profesor Valdemar Andrade elabora y envía un resumen del boletín de lluvias registradas en la estación hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Tantos años de conocimiento acumula Andrade como precipitaciones caen sobre Caracas. Sin embargo, las puertas de cualquier actualización están cerradas para él y para la mayor parte de los docentes universitarios.

“En realidad los profesores no contamos con ayuda para la suscripción de revistas científicas, y menos, para asistir a congresos en el extranjero. Esto genera una incapacidad de actualización profesional y académica”, explica Andrade. “Y los docentes no tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra cuenta”.

El concepto de “cesta básica académica” posiblemente no ha ocupado el sitial de honor de los reclamos gremiales del año 2022. Durante una protesta nacional contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) realizada el pasado 25 de mayo, Héctor Moreno, directivo de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), hizo énfasis en que los docentes no pueden comer, pero también, en que no tienen acceso a las herramientas para la actualización.

“El sector universitario tiene una alta misión en el país: el desarrollo de la nación, nuevos profesionales. Se sobreentiende que un profesor, con estas responsabilidades, debe tener como mínimo el acceso a la canasta alimentaria: entre 600 y 700 dólares”, remarca Moreno. A esto hay que sumarle “la cesta académica: cómo logras acceder a revistas y conocimiento internacional a la par de tus otros colegas que están haciendo investigaciones”. También, asistencia a congresos, seminarios nacionales e internacionales. Y, hasta lo más básico: acceso a internet, que en su paquete básico supera los 30 dólares al mes.

Los profesores venezolanos no deberían quedarse atrás en el acceso a las tendencias y las discusiones para poder aplicarlas en el país, expone. “Acceder a una revista, comprar los insumos académicos que te permiten desarrollarte como profesor universitario, con ese salario, es imposible”. Esa cesta básica académica, según sus cálculos, puede llegar a 400 o 500 dólares al mes.

La cesta académica está relacionada con la investigación, resalta William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Apusb). “Es la preparación que debe tener cualquier académico que a la vez es investigador para poder avanzar en sus producciones intelectuales, en su producción de conocimientos, y para divulgarla a través de clases, papers, investigaciones en revistas arbitradas o llevarlas a conferencias nacionales e internacionales”.

Esto es cada vez más imposible en Venezuela, deplora Anseume. “El profesor está pensando en su supervivencia, en la supervivencia de su familia. Es un problema mucho más grave que tener la cesta académica; es que no tenemos una cesta alimentaria”.

Una persona “que está pensando en su supervivencia, en la supervivencia de la familia mal puede invertir los pocos recursos que recibe para la formación, para la búsqueda del conocimiento” ni para publicar, agrega.

La crisis de las bibliotecas universitarias empeora el pronóstico. “En el caso de la USB, cerrada por completo por contaminación, por imposibilidad de poner el aire acondicionado”, describe Anseume.

“El gobierno pareciera no dar la importancia que significa a desmejorar los salarios de un sector tan importante como las universidades. Hablamos, solo de las universidades, de 1,2 millones de personas, que incluye nuestro núcleo familiar”, estima Tulio Olmos, vicepresidente de la Apucv. Anteriormente, rememora Olmos, los profesores “teníamos una prima para adquirir libros, revistas. Teníamos apoyo académico”. Eso ya no existe.

Adquirir revistas, acudir a un congreso o suscribirse a publicaciones es algo prohibido para los profesores venezolanos. En las condiciones actuales “tienen que poner de su bolsillo para este tipo de actividades”, condena Olmos.

A partir del 15 de marzo el ejecutivo nacional “implementó una cancelación de sueldos no acorde con las condiciones contractuales preexistentes para todos los docentes del país”, recuerda Rafael Espinoza, secretario de trabajo, reclamos y legislación laboral de la federación de sindicatos de profesores de institutos, colegios y universidades politécnicas. En el instructivo de la Onapre “ellos redujeron la base porcentual de las primas”, reitera. Lo vigente hoy es “un tabulador regresivo, más reducción de primas”. Esto agrava la situación de los profesores, y pone aún más lejos la posibilidad de comprar libros o pagar la suscripción a una revista.

El instructivo “impone un deterioro en las condiciones de trabajo del sector universitario”, insiste Moreno. Las condiciones de vida ya están críticas, y su empeoramiento agravará el éxodo de profesores. “Nadie quiere ser docente”, admite.

Como lo subraya Espinoza, los gremios exigen que se desaplique el instructivo de la Onapre. Ya algunos gremios -no solo universitarios- introdujeron un amparo ante el TSJ y las protestas continúan. “Hemos estado, de manera pacífica, apelando a la racionalidad” para “rediscutir una cosa que los trabajadores encontramos que es regresiva y que lesiona las condiciones de trabajo y de vida del sector universitario”, señala Moreno.

“Ganar tiempo” es la estrategia del gobierno, alerta Tulio Olmos. “Saben que el instructivo es un instrumento inconstitucional; saben que la tienen perdida. En este momento deben estar pensando en mecanismos alternativos que no nos conculquen nuestros derechos de esa manera”. El gobierno sabe “que cometió un error, y es de humanos corregir los errores”.