El director del Centro para Paz y los Derechos Humanos de la UCV afirma que, en Venezuela, «son todas las formas de disidencia las que están amenazadas»
Contra los defensores de derechos humanos ha habido en Venezuela amenazas verbales y físicas. Lo recuerda Juan Carlos Barreto, director del Centro para Paz y los Derechos Humanos de la UCV. Recuerda el encarcelamiento de Javier Tarazona, director de Fundaredes. «Pero no son solo los defensores; son todos aquellos disidentes, que defienden ideas contrarias al gobierno». En otras palabras «son todas las formas de disidencia las que están amenazadas», afirma el activista y profesor universitario.
Barreto participó en el foro «Cerco jurídico a la sociedad civil», realizado en la sede de la Asociación de Profesores de la UCV. En ese contexto, aseveró que está amenazado «el espacio cívico, donde todas las personas pueden hacer uso de la libertad de expresión y opinión, y de asociación, y poder actuar y exigir ante situaciones que nos estén afectando como población».
La ley sobre las ONG, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, implica entregar información «sobre el organismo que otorga el recurso», así como que puede haber discrecionalidad por parte del Estado acerca de cómo usar esos recursos. También obligaría a decir quiénes son los beneficiarios de la cooperación, por lo que se pueden recibir amenazas, ocurrir seguimiento a las personas. Eso genera miedo. «Los defensores de derechos humanos somos personas normales», remarca.
No hay que tener más de dos dedos de frente para entender que una persona a quien le han violado sus derechos tiene una profunda desconfianza y rechazo al Estado. «Es muy delicado, porque esta ley podría solicitar información de las personas que son beneficiarias de una organización. Si han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, se pondría en vulnerabilidad el proceso de investigación».
La norma, por otra parte, afectaría a quienes reciben beneficio directo de la cooperación internacional. «Hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan trayendo medicamentos, ayuda, alimentos, y también se verían afectadas. También, los beneficiarios, los pacientes que reciben tratamientos, como los pacientes en diálisis, pacientes VIH y pacientes con tratamientos de alto costo a quienes es la sociedad civil la que les está dando apoyo», señala.
Barreto explica que hay evidencias de que el gobierno «ha usado fondos de la cooperación internacional para hacer proselitismo político». En ese contexto, sostiene que la ley, si se aprueba, «va a afectar la vida del ciudadano común», porque cuando las ONG ayudan a una comunidad «lo hacen sin discriminación, sin interés, simplemente para generar un impacto en la calidad de vida para las personas».
La ley «va a neutralizar el trabajo que hacen los defensores, que es documentar las violaciones de derechos humanos y proporcionar información a los organismos internacionales», alerta. «Estos organismos reciben información de la sociedad civil. Si desaparece la sociedad civil, ¿quién estaría proporcionando información a los organismos internacionales?».