«Estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares», acotó Humberto Prado, designado por Guaidó para los DDHH y atención a las víctimas
El sector opositor de Venezuela que lidera Juan Guaidó solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evaluar las reestructuraciones hechas por el gobierno de Nicolás Maduro «en el ámbito policial y en las detenciones ilegales», por considerar que son «meros formalismos».
El Ejecutivo informó el pasado martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre la reestructuración de Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras los requerimientos solicitados por ese tribunal en octubre de 2020, una reforma celebrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH), al considerar que va en la «buena dirección».
Ante esta aprobación por parte de ACNUDH, Humberto Prado, designado por Guaidó para los DDHH y atención a las víctimas, subrayó su preocupación y envió una carta a Bachelet para pedir la correspondiente revisión.
Según Prado, «estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos».
En la carta remitida a la alta comisionada, señala que las modificaciones efectuadas por el Gobierno están «fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela».
Asimismo, cuestionó el reciente traslado de los 306 presos políticos recluidos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a la custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario, publicado en Gaceta Oficial No. 42.125 de fecha 12 de mayo de 2021, que a su juicio, «se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela».
Finalmente, aclaró que «para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales», miembros de los cuerpos policiales en reforma.
