El comisionado de Juan Guaidó valoró positivamente que, por primera vez, un órgano del sistema universal de protección de los DDHH reconoce la actividad de depredación minera y ecocida que se produce en el sur del Orinoco

El comisionado de Juan Guaidó para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado presentó este jueves 16 de julio su punto de vista sobre el informe especial de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre acceso a la justicia, independencia del sistema judicial y las violaciones a los derechos económicos y sociales, ocurridos en el Arco Minero de Orinoco entre junio de 2019 a mayo de 2020.

Recordó que el gobierno de Maduro ha atendido parcialmente solo dos de las 23 recomendaciones que hizo hace un año Bachelet para prevenir las violaciones de DDHH en Venezuela, por lo que la población sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos, políticos y sociales.

Prado valoró positivamente que la Alta Comisionada desarrollara un informe específico acerca de las condiciones en las que se encuentra el sistema de justicia venezolano y la situación del Arco Minero, temas de mucha complejidad y que representan un gran reto.

Durante la rueda de prensa, el comisionado Prado rechazó las declaraciones del representante permanente de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero quien ratificó el desconocimiento del régimen de facto, al contenido, conclusiones y recomendaciones contenidos en el informe elaborado por la Alta Comisionada.

Respecto al debate celebrado 15 de julio, en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, la Comisión celebra las intervenciones realizadas por países como Albania, Polonia, Perú y Reino Unido, que visibilizaron las recientes declaraciones hechas por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, cuando afirmó que “mientras exista FANB, la oposición nunca podrá ostentar poder político (…)”, que compromete la credibilidad de cualquier proceso electoral.

La Comisión elogió que el informe presentado por la OACNUDH, con relación al Arco Minero del Orinoco, representa un hito histórico a resaltar positivamente. Por primera vez, un órgano del sistema universal de protección de los DDHH reconoce la actividad de depredación minera y ecocida que se produce en el sur del Orinoco y resalta las incontables violaciones de los DESCA que se producen en ese contexto. “Las autoridades competentes del régimen usurpador no remiten información, ni han realizado los estudios de impacto ambiental de la actividad extractiva de minerales”.

Sobre la violencia de género, la Comisión considera que la Alta Comisionada no hace referencia a las falta de aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya principal finalidad es brindar protección y justicia a víctimas de este flagelo. “La aplicación de esta estatuto continúa siendo insuficiente. Creemos que la Alta Comisionada falla al no hacer referencia a las faltas de esta ley fundamental , si se tiene en cuenta que una de las fuentes de análisis de la Oficina de la Alta Comisionada son las acciones de la Corte IDH”.

Por otra parte, opinó que si bien se reconocen la falta de independencia, imparcialidad, transparencia y eficacia del Poder Judicial, la recomendación es en sí misma es insuficiente y no solventa el problema de fondo.

La Alta Comisionada exigió que se realizaran las investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales sobre las alegaciones de violaciones de DDHH, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad como las FAES, para llevar a los perpetradores ante la justicia y se garantice una reparación adecuada a las víctimas y resaltó que requieren un mayor compromiso por parte de las autoridades del régimen, el cual no ha sido garantizado en ningún momento y no existen investigaciones serias sobre las violaciones en cuestión.

En los casos de violaciones del derecho a la vida cometidas por las fuerzas de seguridad, ACNUDH identificó como principal obstáculo que enfrenta el Ministerio Publico para llevar a cabo investigaciones eficaces, es el hecho de que las investigaciones de delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad están supeditadas al trabajo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que rinde cuentas directo al Ministerio de Interior y Justicia.

Este ente supervisa otros organismos encargados de la seguridad, como la Policía Nacional Bolivariana y las FAES, lo cual puede generar un potencial conflicto de intereses y comprometer la independencia de la investigación.