Advierten que también es un crimen obligar a los trabajadores a vivir con un salario mínimo de 130 bolívares (menos de cuatro dólares)
Genocidio. Esa es la palabra que utilizó Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, al referirse a la situación de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados en Venezuela, en el contexto de la audiencia pública de la Corte Penal Internacional (CPI).
«No solamente son crímenes de lesa humanidad los que han muerto por defender la libertad y la democracia. También es un crimen de lesa humanidad, y está tipificado en el Estatuto de Roma, cuando a una población no se le da la oportunidad de alimentarse.
«Son 5 millones 380 mil pensionados y jubilados que están en las nóminas del Seguro Social, más los trabajadores activos que están en la misma situación», enfatizó Lozada.
El gobierno ha recurrido a distintos subterfugios para evadir su responsabilidad, razonó Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv). «La actitud del Ministerio Público, la indefensión y el grado de indefensión en el que nos encontramos los venezolanos evidencia la vulnerabilidad del Estado de derecho».
A juicio de Deyanira Romero, directiva de Sinatra-UCV, al gobierno se le puede decir lo que sea «y al gobierno no le va a importar: juega con la OIT, juega con la CPI. Ya le dijeron que investigara y no lo hizo. Ya es el momento de que los organismos internacionales vayan tomando decisiones contra el gobierno venezolano».
Romero apuntó que los organismos internacionales deben actuar «en favor de muchachos maltratados, vejados, humillados, torturados y muertos», por trabajadores presos: «Hay gente que está presa porque declaró que tenían necesidad de un vestuario para trabajar». Advirtió que hay más de 150 trabajadores presos y que, los que han estado presos y son excarcelados, han tenido que marcharse debido a las amenazas.
