El sábado 3 de julio, los miembros de Fundaredes fueron imputados por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio
La ONG Fundaredes denunció este miércoles que su director, Javier Tarazona, detenido junto a los también activistas de la organización Rafael Tarazona y Omar García, no han tenido comunicación con sus abogados y familiares.
«(Han transcurrido) 20 días en los que se desconoce de su integridad física y donde no han tenido comunicación con sus familiares y abogados», agregaron en su cuenta de Twitter.
El sábado 3 de julio, los miembros de Fundaredes fueron imputados por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, de acuerdo a la información del director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
También dijo que a Javier Tarazona, su hermano Rafael y Omar García se les impidió ser «asistidos por sus abogados de confianza».
Sin embargo, el equipo del Foro Penal pudo conversar con los detenidos, señaló la abogada y miembro de la organización Stefanía Migliorini en un vídeo difundido en redes sociales.
El fiscal general, Tarek Saab dijo el 6 de julio que los tres activistas de la ONG defensora de derechos humanos estaban recibiendo instrucciones desde el extranjero para «atacar» el país y alterar el orden.
«Estas personas recibían desde el extranjero, según la experticia informática y telefónica realizada, instrucciones para atacar al Estado venezolano, las instituciones venezolanas y alterar, buscar alterar la paz republicana», dijo Saab en una declaración emitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Indicó que los tres activistas, uno de ellos, Javier Tarazona, conocido por denunciar un conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC en una zona fronteriza, estaban haciendo acusaciones contra el Estado venezolano sin presentar pruebas.
Según dijo, Tarazona, su hermano Rafael y el activista Omar García «realizaron acusaciones que pudiéramos calificar también de difamaciones que comprometen gravemente la seguridad del país».
Los activistas habían denunciado recientemente la supuesta relación del Estado venezolano con la guerrilla colombiana del ELN y disidencias de las FARC, así como la existencia de pistas clandestinas y laboratorios para el procesamiento de droga.