Kerling Sánchez, esposa del teniente, explicó a Efe que su marido ha presentado «varias condiciones difíciles de salud» durante su tiempo en prisión, entre ellas, una hipertensión recientemente diagnosticada y «una tos que no cesa»
La ONG Foro Penal pidió este jueves la excarcelación del teniente coronel Ruperto Sánchez, considerado preso político por la organización y quien, según la defensa, ya cumplió su pena, tras casi siete años en prisión, acusado de instigación a la rebelión militar.
Sánchez «ya cumplió formalmente su condena. Con ‘redenciones judiciales’ ha cumplido todos los días de su condena. Violando el debido proceso y el derecho a la libertad, el tribunal de ejecución no le otorga la libertad», dijo el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal.
El jurista publicó un video a través de Twitter en el que asegura haber acudido a tribunales militares para solicitar la liberación de Sánchez pues, argumenta, mantenerlo tras las rejas «implica una violación al derecho a la libertad».
Kerling Sánchez, esposa del teniente coronel, explicó a Efe que su marido ha presentado «varias condiciones difíciles de salud» durante su tiempo en prisión, entre ellas, una hipertensión recientemente diagnosticada y «una tos que no cesa» desde hace cuatro años y que siguen sin conocer sus causas.
Aunque Sánchez, nacido en Valladolid (España) tiene una condena de 7 años y 3 meses, de la que ya ha pagado 6 años, 10 meses y 3 días, «debió salir en libertad en agosto de 2019», debido a las llamadas redenciones judiciales realizadas durante su tiempo en prisión, durante el cual ha estudiado y trabajado, según su defensa.
El militar estuvo más de cinco años preso en el estado oriental de Monagas, a casi 600 kilómetros de donde reside su familia, y fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, en julio pasado.
Desde entonces, su esposa no lo ha visto pues las visitas están prohibidas en ese centro penitenciario, debido a las restricciones relacionadas con la pandemia por la covid-19 en el país.
El Foro Penal, que encabeza la defensa de los considerados presos de conciencia en Venezuela, aseguró esta semana que 320 personas están tras las rejas en el país por razones políticas, y hay más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.
