A través de un comunicado la ONG Foro Penal señala algunos puntos a tomar en consideración durante la emisión del nuevo informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, como la contantes persecuciones, el incumplimiento de las recomendaciones de año anterior y entre otras situaciones que hasta el momento no han sido reflejadas en el documento

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, exhortó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a aclarar la serie de incumplimientos en los que recaído el gobierno de Nicolás Maduro, y específicamente, sobre las 23 recomendaciones del Informe 2019 presentado por su oficina.

“Destacamos que es necesario contrastarlo con el informe previo realizado por la Acnudh, el 4 de julio de 2019, ante el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A tal efecto, es de notar, que las 23 recomendaciones realizadas por la Acnudh en el informe 2019, todas ellas han sido incumplidas por el Estado venezolano”, señala el comunicado.

Foro Penal exige pronunciarse sobre la permanente situación de los presos políticos, así como la táctica de la puerta giratoria (liberan a unos pero encarcelan a otros), las persecuciones de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, directamente ante las representantes de la Acnudh en el país, e incluso periodistas.

Además, señala que “el informe de 2020 denuncia que hay un patrón de desapariciones forzadas, en la mayoría de las personas detenidas por el Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Sin embargo, no resalta el retroceso que representa este patrón, ni menciona las personas que aún se encuentran desaparecidas, a pesar de varias acciones urgentes emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU”, destaca la ONG.

Recalca que el Gobierno no ha desmantelado las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ni desarmado ni desmantelado a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados ‘colectivos armados’).

Foro Penal también señala que el “reciente informe indica la documentación de solo 17 detenciones de manifestantes, incluyendo menores de edad y profesionales de la comunicación y no se refiere, hasta ahora, a las 337 detenciones con fines políticos ocurridas desde la emisión del informe previo, incluyendo las de personas con discapacidad mental detenidas arbitrariamente, y a las lesiones gravísimas ocasionadas a manifestantes durante las protestas, como es el caso de Rufo Chacón, de 16 años de edad, quien, el 1º de julio de 2020, que cumplió un año de haber perdido ambos ojos por un disparo de perdigones directo a su cara”.