Alfredo Romero explicó que pese a que han podido conversar con algunos presos políticos, en los últimos días» hay otros lugares de detención en los que se les ha negado información para constatar la situación de los privados de libertad»
Este viernes, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que ninguno de estos detenidos por causas políticas en Venezuela «deben ser utilizados como fichas políticas y de negociación».
«Son personas que sufren su prisión y que tienen familias, a los que también les duele (…) Hay nuevamente el rumor por parte del gobierno y oposición, de que viene o hay un intento de un nuevo proceso de negociación. Ya en ocho oportunidades ha ocurrido esto y Foro Penal no apoya que utilicen a estos presos para estas medidas, aunque nosotros le damos la bienvenida a toda liberación», destacó.
En ese sentido, explicó que pese a que han podido conversar con algunos presos políticos, en los últimos días, «hay otros lugares de detención en los que se les ha negado información para constatar la situación de los privados de libertad».
«De los 305 presos políticos, solo el 15% ha sido condenado, el 85% no son responsables de nada, mientras que el 53% que no han sido condenados, llevan más de dos años sin juicio», dijo Romero desde la sede la ONG en Caracas.
Además de eso, el abogado destacó también, con respecto a los indultos anunciados por la administración de Nicolás Maduro en 2020, «que es es falso que hayan excarcelado a 100 presos políticos».
Traslado a cárceles comunes
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, afirmó con respecto a los recientes traslados de presos políticos de sedes como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), que «esto venía pasando», además de que no es vinculante con la publicación en Gaceta Oficial de esta instrucción por parte de las autoridades de Nicolás Maduro.
Himiob también aseguró que dicha situación se había denunciado con anterioridad, recibiendo como respuesta que el traslado significaría una mejora en las condiciones de reclusión de cada detenido.
Sin embargo, el abogado recalcó que se «ha violado flagrantemente las normas al no notificar al juez de la causa, a la defensa de las partes y familiares de los detenidos que se está dando el traslado”.
Por otro lado, la ONG recalcó que Ramo Verde es el lugar donde hay mayor cantidad de presos políticos en Venezuela, donde se encuentran 95 privados de libertad ilegalmente, siendo la mayoría de ellos militares.
Lo que dicen los opositores a Maduro
El pasado miércoles la diputada electa en 2015, Adriana Pichardo, denunció que las autoridades comenzaron el traslado de los «presos políticos» a paraderos desconocidos, una acción que ocurre después de que el Gobierno ordenara que fueran movidos de las sedes militares y de inteligencia en las que estaban detenidos.
«Empezaron los traslados de una de las sedes de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), un organismo dependiente de la Policía Nacional acusado de ejecuciones extrajudiciales) sin paradero conocido», dijo Pichardo en un mensaje en Twitter.
Pichardo detalló que algunos de los trasladados son los ciudadanos Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.
También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno, por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos; y otros cuatro más de los que no detalló nombres.
«Es peligroso y violatorio de sus DDHH, se este ejecutando este tipo de medidas», agregó Pichardo.
El Foro Penal en esta ocasión dijo que, en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas a la política.
Por su parte, Delsa Solórzano dijo el martes que los presos políticos serían trasladados a cárceles comunes, luego de que el Gobierno publicara un decreto que ordenaba al Servicio de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir la custodia de detenidos en sus sedes al Ministerio Penitenciario.
El decreto al que hacía referencia Solórzano tiene fecha del pasado día 12 y en él se establece que la Dgcim y el Sebin «deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».
Además, reiteró esta semana que los traslados de los «presos políticos» a cárceles comunes son de «suma gravedad, debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo con 350 asesinados/año».
