Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación, en 2017, de la «Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», que el Ejecutivo venezolano ha solicitado reformar, según datos difundidos este miércoles por la ONG Foro Penal.
El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que «la mayoría de las veces» el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación.
Según la ONG, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió esta semana a la Asamblea Nacional reformar dicha legislación, impulsada por el entonces mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su detención en enero por parte del gobierno de Estados Unidos, y promovida en su momento por Rodríguez.
Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia» y otro tipo de sanciones, ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del «marco legal represivo» aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles en la red social X que sean «revisados y cerrados» los «procesos abiertos por la ley contra el odio» que, aseguró, «solo han servido para criminalizar la expresión».
«Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio», agregó.
La propia mandataria encargada expresó el martes que, si bien cree «en los principios de esa ley», esta «lamentablemente fue mal aplicada» y «se hizo un uso abusivo» de ella.
Su hermano, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una «comisión especial» de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma.
En febrero pasado, el diputado oficialista había admitido un uso inadecuado de la ley y consideró posible su reforma.
Sin embargo, organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada.
Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.
La solicitud de reforma sucede poco después de que el Gobierno y un sector opositor culminaran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela y luego de una visita al país suramericano de Human Rights Watch, la primera desde 2008.
Esta organización ha pedido modificar o derogar las leyes que «han permitido las violaciones de derechos humanos», entre ellas la del odio.
