En el documento suscrito por los comités populares para la defensa de los derechos humanos se aboga por el debido proceso y se plantea las violaciones contra Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Emilio Negrín
A las puertas de la Defensoría del Pueblo se reunieron, este martes 19 de julio, los familiares de los seis nuevos presos políticos para solicitar que este organismo los apoye y acompañe en las diligencias para garantizar el debido proceso a sus seres queridos.
También se unieron a la movilización varios dirigentes sindicales y activistas sociales y de derechos humanos.
Diannet Blanco, esposa del defensor de derechos humanos y preso político Gabriel Blanco, reiteró que esperan que la Defensoría del Pueblo los ayude a «que se respete el debido proceso, las garantías». También pidió que una comisión de la Defensoría «acompañe el proceso» y trabaje para que las investigaciones se hagan en libertad.
En el documento suscrito por los comités populares para la defensa de los derechos humanos se aboga por el debido proceso y se plantea las violaciones contra Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Emilio Negrín.
«Es competencia de la Defensoría del Pueblo velar, ser garantes del respeto por los derechos fundamentales. Creemos que tiene competencia y tiene la autoridad para poderlo hacer. Por eso vinimos», subrayó Blanco.
El pliego fue recibido por una persona de guardia en la Defensoría, que lo selló. «Nos pidieron los números telefónicos», acotó.
También tienen previsto regresar al Ministerio Público, así como acudir a instancias nacionales e internacionales. Contra ellos «la Fiscalía no presentó pruebas», recordó.
-¿Por qué deja presas a personas sin pruebas?
-Esa es una de las incertidumbres que tenemos: por qué encarcelar a una persona para investigar, y sin pruebas. Llaman a una persona para una entrevista y la encarcelan sin pruebas.
-¿En qué condiciones están en este momento?
-Para nadie son un secreto las condiciones en las que están los centros de detención preventiva: tienen a las personas hacinadas, no hay suficiente ventilación. En este caso, en la PNB de La Yaguara, los familiares tenemos que encargarnos de llevar los alimentos, el agua, todo para nuestros familiares.
Diannet Blanco comentó que la salud de su esposo ha mejorado porque le permitieron ingresar medicamentos, «aunque sigue teniendo un poco de tos y dolor de pecho» y todavía no le han hecho la prueba para descartar COVID-19.
Yorbelis Oropeza, esposa del preso político Alcides Bracho, dijo que acudió a la Defensoría del Pueblo para «solicitar la libertad y la garantía de los derechos humanos de los seis presos desde el día 4 de julio, ya que no tienen elementos para que los mantengan presos». Oropeza insistió en que los acusan de conspiración y asociación para delinquir «pero elementos para que estén detenidos no tienen».
Hizo referencia, también, a las condiciones en las que los detuvieron: «No había orden de detención. En mi caso, nunca llegó. Mi hija pidió la orden cuando allanaron la casa, eran más de 10 funcionarios, y no la mostraron». Los funcionarios «entraron de forma arbitraria a nuestro hogar, revisaron todos los espacios, e incluso, obligaron a mi esposo a dar declaraciones sin abogado y sin la presencia de un fiscal. Esa es una violación flagrante de los derechos humanos».
Por eso «estamos exigiendo al Defensor del Pueblo que se aboque a restituirles las garantías de derechos humanos y garantías básicas de vida», enfatizó.
«Mi esposo es un preso político, porque es un dirigente social y protesta. Pero protestar es un derecho consagrado en la Constitución, y más en las condiciones actuales de Venezuela», expresó Oropeza. «Mi cuñada falleció en un hospital porque no tuvo atención, en Valencia. Falleció en 2020. Mi esposo tuvo que ponerle medicamentos, porque no había médico. ¿Protestar por eso es un delito? Eso no es delito. ¿Protestar porque los sueldos no alcanzan? Eso no es un delito».
