Decenas de familiares de presos políticos protestaron durante la tarde de este viernes 7 de agosto en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para consignar un petitorio de cinco puntos, entre los que destacan que se permita el ingreso de organismos de derechos humanos para que constaten la situación de los cientos de presos políticos que registra el Gobierno venezolano.
Entre consignas y empujones, los ciudadanos lograron romper el cerco de seguridad establecido por la Cancillería y acceder hasta la puerta de la Cartera ministerial. En el lugar, ingresó una comisión de familiares de presos políticos para entregar la comunicación. En ella, también se mostró preocupación por el «patrón de represión» que, aseguran, persiste contra los encarcelados mientras se lleva a cabo una mesa de diálogo entre el oficialismo y diversos exdiputados de la Asamblea Nacional electa en el 2015.
«Hoy vemos con preocupación de que mientras se abre un nuevo mecanismo de diálogo siguen las violaciones sistemáticas de derechos humanos en las distintas cárceles del país», dijo Andreina Baduel, activista de derechos humanos. «Queremos hacer un llamado a la Cancillería quien no es ajena a lo que aquí está pasando. Durante todos estos años han negado reiteradamente las violaciones de derechos humanos», añadió.
Baduel destacó que el documento exhorta al Gobierno venezolano permitir el ingreso «inmediato» de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del organismo de la Cruz Roja Internacional y, además, el acceso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
Asimismo, piden que a los ciudadanos excarcelados se les elimine todas las medidas restrictivas impuestas por el sistema judicial.
«Hay puntos urgentes aquí y el ingreso de los organismos internacionales al país, pero sobre todo trabajar para que cese la tortura de los presos políticos y su inmediata liberación se materialice (…) Para que los presos políticos sean tratados con respeto y con dignidad y que las condiciones de reclusión se ajusten a los estándares internacionales», sentenció.
De acuerdo a lo manifestado por Baduel, el Comité por Liberación de presos Políticos en Venezuela (Clippve) contabiliza más de 600 personas excarceladas con medidas restrictivas de su libertad desde el mes de enero con el proceso de Amnistía impulsado en el país.
“Estamos presos en la calle”
Reinaldo Cortés, quien fue excarcelado por el Gobierno en el 2023, condenó que desde hace tres años permanezca con medidas restrictivas de libertad que le impida llevar una vida normal. Asegura que se le viola el derecho al trabajo porque las instituciones los estigmatizan como preso político y excarcelado.
“Nosotros somos un grupo de los luchadores sociales que salimos en 2023 y a la fecha se nos han privado y se nos ha estigmatizado como excarcelados y como presos políticos donde el derecho de trabajo prácticamente ha sido coartado en todas las instituciones», dijo.
«Estamos presos en la calle y en peores condiciones porque nos están sometiendo a un estado de hambre al imposibilitar el desarrollo al trabajo», finalizó.
