“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes 25 de septiembre su actualización oral sobre la situación de DDHH en Venezuela. En el informe, la vocera denuncia 2 mil muertes en operativos de seguridad en lo que va de 2020, y 711 solo entre junio y agosto.
Este es el informe completo, recogido por la organización de DDHH Provea.
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Ginebra, 25 de septiembre de 2020
Señora Presidenta,
Esta presentación oral cubre el período entre el 2 de julio y el día de hoy.
Ante este Consejo el 14 de septiembre, reconocí, a través del informe del ítem 2, la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina. Seguiremos brindando asistencia técnica al Gobierno.
Mi Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos.
Además, observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Reconozco los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares.
Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Asociaciones profesionales han informado que el 33 por ciento de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
La pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo.
La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia.
Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020.
Considero positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento.
Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país.
Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa.
Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.
Muchas gracias.
