«El principio de complementariedad va a regir todo el proceso», y eso implica que la CPI ya está actuando pero «depende de que el Estado no quiera o no pueda juzgar», aclara el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres
Una investigación al Estado venezolano y, al mismo tiempo, el establecimiento de mecanismos para que el sistema de justicia venezolano funcione, son dos caras de una misma moneda llamada Corte Penal Internacional (CPI). El pasado viernes el mandatario Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al fiscal de la CPI, Karim Khan, para firmar el memorándum de cooperación que incluye una oficina de la corte en Venezuela. Al mismo tiempo, Khan considera que hay elementos para seguir investigando políticas y funcionarios de Venezuela.
«El memorádum de entendimiento atiende al principio de complementariedad. La Misión de Determinación de Hechos, y la propia fiscalía de la Corte Penal Internacional, han concluido que en Venezuela hay indicios creíbles de la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto está abierta la investigación, el gobierno ha hecho objeciones, el fiscal ya dio respuesta», explicó el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres.
El documento establece la relación del fiscal con las autoridades venezolanas, «e incluso, con quienes están siendo investigados y tienen el poder en Venezuela», a fin de que las fallas del sistema de justicia puedan ser corregidas, indicó. «El principio de complementariedad va a regir todo el proceso», y eso implica que la CPI ya está actuando pero «depende de que el Estado no quiera o no pueda juzgar» los presuntos crímenes de lesa humanidad. «Estamos buscando la justicia en La Haya y también en los tribunales venezolanos».
Las víctimas «ya son escuchadas, 8.900 víctimas ya han sido escuchadas por la Corte Penal Internacional», resaltó en el contexto de la manifestación realizada este lunes 12 de junio a las puertas del Palacio de Justicia.
Para Torres es una hipocresía que Khan sea recibido por funcionarios del gobierno «mientras paralelamente las detenciones selectivas contra los dirigentes sindicales se mantienen». Después de la visita del fiscal han sido detenidos tres trabajadores de las empresas básicas «que están protestando en planta de pellas por salario, por el cumplimiento de su convención colectiva».
