José Félix Maiz falleció el 31 de enero en el Hospital Domingo Luciani debido a complicaciones de salud asociadas con sus condiciones de reclusión en el Centro de Detención Policial de San Agustín. Estaba preso sin pruebas, como lo denunciaron defensores de derechos humanos. Hoy solicitan la liberación de los otros cuatro jóvenes apresados durante los operativos contra la banda de El Koki
Había mucha rabia y llanto, este viernes 3 de febrero, a las puertas del Palacio de Justicia en Caracas. Martha Lía Grajales, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, lo dijo -con su voz multiplicada gracias a un megáfono- sin cortapisas y entre lágrimas: «Estamos arrechos».
Unas 30 personas, entre familiares e integrantes de organizaciones sociales, denunciaron la muerte de uno de Los Cinco de La Vega: José Félix Maiz, fallecido el 31 de enero en el Hospital Domingo Luciani debido a complicaciones de salud asociadas con sus condiciones de reclusión en el Centro de Detención Policial de San Agustín. Y no solo denunciaron: exigieron que se sancione a los responsables.
Los Cinco de La Vega son cinco jóvenes detenidos en La Vega en el contexto de los operativos contra grupos de delincuencia organizada efectuados por el Estado en 2021. De acuerdo con la denuncia de sus familiares y defensores de derechos humanos los cinco son inocentes y les «sembraron» supuestas pruebas.
De los cinco ya falleció José Félix Maiz. Otros cuatro esperan ser liberados: Darwin Rivas Polanco, Kevin Reinosa Parra, Hecgerson Chaparro Castillo y Osmar José Benítez. A Maíz y Benítez los colocaron en una misma causa. Un mismo destino.
«Estamos denunciando la cadena de injusticias que hoy son responsables de la muerte de José Félix Maiz. Cadena de injusticias que responde a problemas estructurales de este sistema de administración de justicia clasista y racista, que se ha convertido en una máquinq de triturar pobres», puntualizó Grajales. «Desde la detención arbitraria que sufrieron, caracterizada por la ‘siembra’ de evidencias, por el robo en las viviendas, por los malos tratos, por el grave retardo procesal que vienen enfrentando y por las indignas condiciones de reclusión. Todos esos son factores que explican la muerte de José Félix Maiz que estamos denunciando».
Demandan, y así lo ratificaron, «que se investigue la cadena de responsables que explican la muerte de José Félix Maiz. Que se haga un proceso de reparación por las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en este caso y en los casos de los otro cuatro de La Vega, que incluya el otorgamiento de la libertad plena de nuestros muchachos».
Hay una cadena de responsabilidades muy evidente, detalló Antonio González, integrante del colectivo Surgentes. Comienza con los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que les «sembraron» pruebas. Sigue con el fiscal que, «sabiendo que eran inocentes, decidió acusarlos porque le da miedo que piensen que tiene algo que ver con las bandas». Continúa «con el primer juez que llevó el caso y que los condenó sin pruebas, y además fue condenado «porque los defensores públicos no lo defendieron». Los activistas denunciaron a los defensores públicos y lograron que los cambiaran y colocaran «a un defensor público muy digno: Jesús Dávila. Él está haciendo su trabajo».
En el caso de Los Cinco de La Vega la presión popular logró que se anulara el juicio y comenzara otro. «La nueva jueza ha sido diligente», destacó González.
Pero ya hay heridas irreparables, como la muerte de Maiz. «No es posible que eso esté ocurriendo en un proceso que se llama revolucionario. Creemos que eso es inconsistente con los principios de la revolución bolivariana y el legado del comandante Chávez, y además decimos que es profundamente ineficiente, porque no permite combatir el problema que se supone quiere resolver porque está focalizando una respuesta en personas inocentes, o en el mejor de los casos, los eslabones más bajos de la cadena», argumento Grajales.
Este viernes no entregaron un comunicado formal en el Palacio de Justicia. Mas sí entregaron volantes en los cuales se explica lo sucedido con Los Cinco de La Vega. Funcionarios de mediación de la PNB se acercaron a tomar nota de los reclamos.
«Así como nos hemos encontrado con una generalizada indolencia dentro de la mayoría de las instituciones del Estado, también ha habido compañeras y compañeros revolucionarias y revolucionarios dentro de esas instituciones que han escuchado nuestro clamor y que vienen adelantando algunas gestiones para atender estos casos. Quiero resaltar especialmente a la diputada Gabriela Peña, del PSUV, que ha sido solidaria y ha sido sensible y se ha comprometido con la denuncia», narró Grajales.
La activista considera que la lucha es «contra un monstruo muy grande» ante lo cual «es importante seguirse organizando, seguir levantando la voz, seguir generando articulación e incidencia en las diferentes instancias del Estado».
Pero también se necesita que la sociedad «deje de ser tan indiferente ante este problema», porque aunque hay una responsabilidad específica de instituciones del Estado «las ciudadanas y los ciudadanos debemos interpelarnos: ¿Por qué este horror que ocurre delante de nuestros ojos, frente a nuestras caras no nos convoca a exigir una acción, un proceso de transformación?».
