El periodista Carlos Julio Rojas sigue encarcelado arbitrariamente, informó el secretario general del SNTP, Marco Ruiz
Bajo ataque. Asediada. Pero en pie. Venezuela llega al Día Mundial de la Libertad de Prensa «con una libertad de prensa bajo ataque permanente, sufriendo las consecuencias de una política pública -y no dudamos en calificarla como política pública- de persecución, de asedio que utiliza el miedo, utiliza d manera discrecional la ley y utiliza las instituciones del Estado para acorralar y arrodillar a periodistas y medios», sentencia Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Medios y periodistas, sin embargo, siguen haciendo el esfuerzo «para generar espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas», destaca Ruiz.
El secretario general, quien participó este viernes 3 de mayo en la entrega del Premio Valores Democráticos, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, recordó que el periodista Carlos Julio Rojas sigue encarcelado arbitrariamente, «sin garantías para el ejercicio del derecho a la defensa»; sus abogados y su esposa no han logrado verlo. «Fue presentado ante tribunales sin que se le permitiera juramentar un abogado, y se le impuso una defensa pública. Eso deja en evidencia un vicio en el proceso de juicio y de investigación que se sigue contra este colega».
Para Ruiz, entre tantas cosas alarmantes que están sucediendo destaca «la judicialización del trabajo de las y los periodistas en Venezuela, lo que ha generado alarma en los primeros cuatro meses del año. Hay al menos siete casos de judicialización».
En cinco de esos casos, detalló, «hemos visto la utilización del Ministerio Público en una acción articulada de fiscales y jueces para amedrentar a periodistas, y han utilizado incluso los medios de comunicación del Estado para, de manera anticipada, sentenciar. El propio fiscal se ha referido como terroristas, como traidores a la patria contra un grupo de periodistas como Sebastiana Barráez, Orlando Avendaño». Ruiz refirió el caso de un periodista, en el estado Barinas, que fue acusado por representantes de Corpolec ante el Ministerio Público.
«Hay una política continuada de cierre de medios de comunicación. Once estaciones de radio han sido cerradas en solo cuatro meses. Es una política continuada. Ya en los años 2022 y 2023 nosotros documentamos el cierre de 107 emisoras; hay una política contra la radio», alertó. «Hay un patrón que se repite, que es el de la omisión o ausencia de respuesta por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones frente a las solicitudes de renovación; es una omisión que afecta a cerca de 80% de las estaciones de radio de nuestro país, que operan sin una habilitación actualizada».
