La organización presentó y publicó una investigación en donde revelan las implicaciones del poder de las bandas delictivas en distintas zonas populares de Caracas
Con un trabajo de inteligencia y seguimiento a las actividades y las carencias de las familias de los sectores más vulnerables económicamente en la ciudad de Caracas el crimen organizado diseñó mecanismos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para bandas delictivas.
Así lo señala un trabajo de investigación realizado por Cecodap denominado «Esclavizar para delinquir» y que ha sido presentado y publicado por esta organización.
«El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado y, más específicamente por la megabanda de la Cota 905, El Cementerio y La Vega, al suroeste de Caracas, se ha mantenido como una actividad invisibilizada entre todas las desarrolladas por este grupo delictivo que emergió de las fallidas “Zonas de Paz” y que acumuló tanto poder de fuego como para sembrar el terror en la capital del país», señala el informe análitico de este trabajo de investigación.
Se señala que luego del desarrollo de algunos procesos penales contra personas detenidas en los operativos desarrollados por los cuerpos de seguridad «el Estado reconoció en forma tácita el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, al formular imputaciones y acusaciones por el delito de uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir».
«Se trata de un reconocimiento incompleto, pues lo más relevante en términos de protección a la infancia y a la adolescencia es determinar las causas y las consecuencias del reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado», indica el trabajo.
Explican que Cecodap decidió hacer seguimiento y procedieron a documentar los hechos a través del contacto directo con víctimas de este fenómeno, lo que sirvió para precisar el impacto del flagelo.
«Las principales causas del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la megabanda están relacionadas con la situación de precariedad socioeconómica en que viven. La inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar son motivaciones recurrentes de la vinculación de menores de edad con esta organización delictiva. En ese orden de ideas, el reclutamiento de menores de edad es forzado por las circunstancias y la violación sistemática de sus derechos humanos», señala el informe.
Explican que este reclutamiento forzado «no es equivalente a un alistamiento voluntario, pues los niños, niñas y adolescentes no se suman al crimen organizado y, en este caso, a la megabanda, en un ejercicio pleno de su voluntad».
«El principal anzuelo es la oferta de ingresos semanales en dólares, con los cuales los niños, niñas y adolescentes podrían cubrir necesidades reales o percibidas: alimentación, ropa y calzado (como símbolos de estatus social) y protección en una lógica de la ley del más fuerte», describe el informe.
Asimismo, señalan que «la incorporación de niños, niñas y adolescentes a la megabanda tiene distintos grados de vinculación, asociados a cargos y funciones que conforman un verdadero escalafón. Mientras más avanzan en la carrera más riesgo de muerte corren los menores de edad».
El informe habla de cuatro grados de vinculación en con las organizaciones criminales:
Los mandaderos. Se encargan de la provisión de productos de primera necesidad y, eventualmente, de cualquier otro producto, requerido por los integrantes de la megabanda que, por estar solicitados por los cuerpos de seguridad del Estado, deben permanecer confinados en las partes altas de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y La Vega.
Generalmente esta función la desempeñan niños, niñas y adolescentes de menos edad. Se supone que es el grado de vinculación que implica menos riesgos. Sin embargo, también implica un contacto permanente con los delincuentes y, en ese sentido, la tentación de querer escalar posiciones dentro de la megabanda, lo cual supone asumir mayores riesgos.
Los gariteros. Son centinelas apostados en zonas estratégicas de los territorios controlados por la megabanda. Tienen dos principales funciones: a) alertar sobre el ingreso de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado o de personas ajenas a la comunidad y b) detectar y denunciar eventuales infracciones de reglas de convivencia impuestas arbitrariamente por los líderes de la megabanda.
Por lo general, la función de garitero es desempeñada por adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad, pues requiere fortaleza física y templanza para soportar situaciones de vigilia permanente, durante jornadas que, en algunos casos, se pueden extender 24 horas continuas en lugares inhóspitos.
Los traficantes. El microtráfico de droga es una puerta de entrada a la megabanda para menores de edad, sobre todo adolescentes. Es una opción más lucrativa en comparación con los mandaderos y gariteros, pero, obviamente, conlleva mayores peligros. También emerge como un atractivo para los menores de edad con adicciones a las drogas, pues el pago o parte del pago que reciben puede ser droga para su consumo.
Los menores de edad involucrados en el tráfico de drogas pueden operar dentro o fuera de las zonas controladas por la megabanda. Las responsabilidades asignadas a los niños, niñas y adolescentes traficantes están sujetas a la demostración de lealtad y efectividad ante los líderes de la megabanda.
Los malandros. Se trata del cuarto y último escaño al que pueden aspirar los menores de edad dentro de la megabanda. Como en el caso del tráfico de drogas, se alcanza sobre la base de una comprobada disposición de consolidar y ampliar el poder de la organización criminal. Los malandros adquieren tal rango cuando se les entrega un arma de fuego y la usan a dos fines: para hacer cumplir las reglas de la megabanda y para cometer los delitos que sustentan las economías del grupo delictivo, entre ellas, la: extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el robo de vehículos. violento y se valió de estrategias que pudieran calificarse inteligencia criminal. El Estado venezolano no mitiga los factores de riesgos y, simplemente, estigmatiza como terroristas a los niños, niñas y adolescentes vinculados con el crimen organizado.
