A juicio del experto en derechos humanos para la protección de niños, niñas y adolescentes, el contexto social que rodeaba a la víctima “era vulnerable en todos los sentidos”

Arantza Sofía Omaña (6) murió a manos de sus cuidadores, una pareja sin ningún vínculo familiar con su progenitora, de quien se supo, vive en situación de calle en Bellas Artes, y que procreó a otros seis niños, cinco de los cuales fueron regalados a personas extrañas.

Según fuentes ligadas a la investigación, el infanticidio se registró el pasado seis de noviembre en el apartamento 1-A (piso 1) de la la torre 14, Urbanismo Misión Vivienda Betania I, ubicada en el sector Los Apamates, municipio Tomás Lander, Ocumare del Tuy, Miranda.

Los responsables fueron identificados como Newman Rafael Zambrano Castro y María Isabel Alfaro Alcalá, quienes golpearon a la niña hasta causarle la muerte.

Ambos enfrentarán la pena máxima. Zambrano Castro será recluido en la cárcel Yare III, jurisdicción de Ocumare y la mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques.

Hablan los expertos

El abogado y coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, refiere que el caso refleja “una profunda desprotección al niño y a la familia. Es una evidencia de que falla el Estado, falla la familia, la sociedad en términos de atención, prevención, protección y promoción”.

El contexto que rodeaba a la niña Arantza Sofía ya era vulnerable. A juicio del experto en Derechos Humanos para la protección de niños, niñas y adolescentes, la madre no contó con políticas sociales básicas. “Esas que le garanticen a una familia fortalecer sus capacidades parentales y en función a eso, ejercer una crianza de forma compatible a los derechos del niño”, sostuvo.

Trapani indica que la falta de políticas de Estado en materia de protección para niños, niñas y adolescentes “generan situaciones de riesgo que implican mendicidad, violencia, adicciones y formas de explotación, propias de la esclavitud moderna”.

Y agrega “que este caso sea de nuevo un llamado a la reflexión, del cómo debemos priorizar la protección de los niños y la atención de la familia. Hay que hacer un esfuerzo sobre el cómo evitar la vulneración”.

El jurista cuestionó el silencio por parte de los organismos con competencias específicas, al tema de protección infantil y a la familia.

“El silencio de las autoridades con respecto a todas las problemáticas que afectan a la infancia , y en función a eso, la recomendación ha sido siempre recurrente: fortalecer el sistema de protección, aumentar las capacidades operativas , técnicas financieras , diagnósticos claros para identificar las problemáticas que enfrentan los niños y desarrollar programas y servicios para su atención”, sumó Trapani.

Finalmente, cuestionó “podemos tener un Concejo de Protección de Niños que tome medidas, pero si no hay dónde ejecutar tales medidas , evidentemente las vulneraciones van a continuar sin una restitución afectiva de los derechos de los niños”.