Tiene estatus de refugiado y denuncia nueve años de muerte civil
Asier Guridi tiene una larga historia. Tan larga como la puede tener una persona que nació en 1969 y que ha militado en luchas sociales y políticas de izquierda. Hoy, duerme en la plaza Isabel la Católica, en el municipio Chacao, a las puertas del Consulado de España y a pocos metros de la cervecería El León. Guridi nició una huelga de hambre para reclamar su derecho a la identidad.
Asegura que no formó parte de la banda armada ETA, Cuenta que estuvo preso en Ceuta desde 1992 hasta 1997, y que -una vez libre- fue hostigado hasta los primeros años del siglo XXI, cuando decidió venir a Venezuela. «Necesitaba resguardar mi identidad», explica, y por eso ingresó al país con otro nombre. Aquí se unió a una venezolana, con quien tuvo un hijo, Iban.
Funcionarios de Interpol lo detuvieron en el estado Aragua en 2013. «Se hizo sin conocimiento del gobierno bolivariano de Venezuela», sostiene. No lo expulsaron de Venezuela, mas sí lo dejaron en manos del Sebin. «Me liberan, pero quedo sin identidad» aunque con su nombre verdadero.
Desde 2013 solicitó que lo acogieran como refugiado. Alegó que en España lo torturaron, que no podía regresar.
Desde diciembre de 2021 goza del estatus de refugiado político otorgado por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Pero al día de hoy, 30 de marzo de 2022, no dispone de un pasaporte otorgado por el Estado español, ni una cédula expedida por el Estado venezolano.
Este martes 29 de marzo, en horas de la mañana, Guridi comenzó una nueva huelga de hambre -en su vida ha emprendido cerca de seis- para exigir que el Consulado de España le dé su pasaporte. También, para que el Saime aligere las vías para obtener una cédula de transeúnte, como lo recomienda la Conare. Sostiene que ha pagado por su pasaporte español, pero no se lo entregan.
«No soy igual ante la ley porque no tengo cómo actuar ante la ley», subraya. Su hijo se encuentra en ilegalidad en el País Vasco.»Necesito poner en orden todos sus papeles».
La huelga de hambre responde a su desesperación. «Son nueve años de muerte civil», lamenta. De la respuesta de las instituciones dependerá que el próximo paso no sea la muerte física.
