La periodista y activista por los derechos humanos, Andreína Baduel, ejerce un rol protagónico en la vocería del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE). Su labor pública cobra visibilidad mediante concentraciones frente a recintos penitenciarios como Rodeo I, en una causa articulada principalmente por mujeres, madres y familiares que articulan acciones de denuncia contra detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en el país.
Desde una intervención en la Universidad Central de Venezuela y realizado por Voces Femeninas de Ipys, Baduel fundamentó la postura de la organización ante el escenario de reclusión política: “Hoy más que nunca estamos convencidos de que el silencio no es una opción, de que solo se traduce en más impunidad y olvido. Por ello, en cada espacio que tenemos no solo llevamos nuestra voz, sino que abrimos paso para que otras víctimas también sean escuchadas”.
La activista precisó que el trabajo busca trascender la exigencia de excarcelación para posicionar la memoria histórica y la reparación de las víctimas: “Somos una red de solidaridad y apoyo, una gran familia. En la actualidad, el fin primario es que los liberen a todos, que no haya un solo preso político en Venezuela. Pero la organización, de la cual soy parte, va mucho más allá. Va de que seamos parte de la memoria histórica del país. Va de que sean las víctimas quienes busquen la reparación a tanta tragedia”.
La trayectoria familiar de Baduel está marcada por el arresto en 2009 de su padre, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia estatal en 2021, y la detención en mayo de 2020 de su hermano Josnars Baduel, supuestamente vinculado a la llamada Operación Gedeón.
Respecto a la constante vigilancia y medidas de amedrentamiento en torno a su entorno, la vocera señaló: “Ser Baduel en Venezuela ha significado vivir bajo la sombra de la persecución”. A su vez, relató el desgaste emocional provocado por el contexto represivo y la reclusión de su hermano, quien permaneció 21 días en celdas de castigo durante el mes de abril de 2026: “He tenido muchos momentos duros en mi vida. Comenzando por la detención arbitraria de mi papá, que conllevó a una persecución que hasta hoy en día vivimos. En medio de estos 18 años de persecución, perdimos la vida de mi papá. Mi mamá también partió. Ha sido una cadena de duelos que todavía no hemos podido vivir”.
Frente a este panorama, Baduel descarta motivaciones de revancha en su desempeño público: “Si me lo preguntan hoy, yo no tengo odios, ni deseos de venganza, yo solo aspiro a que haya justicia”. Asimismo, resaltó la efectividad del reclamo formal como herramienta de resguardo: “Estamos convencidos de que la situación contra mi familia no ha sido peor de lo que ya es gracias a que hemos denunciado”.
Por otra parte, la emergencia derivada de los eventos telúricos registrados el 24 de junio agravó las deficiencias y la vulnerabilidad en los centros de reclusión del país. De acuerdo con la activista, el evento desvió la atención mediática e intensificó los riesgos para la población penitenciaria ante la falta de protocolos de prevención estatales: “Esta catástrofe socio natural se suma a la tragedia que ya vivíamos quienes hemos asumido la vocería de los presos políticos en Venezuela. Los terremotos han afectado el centro de la vida de todos los venezolanos, pero en el caso de los presos políticos han aumentado su vulnerabilidad”. Ante dicha coyuntura, el 22 de julio de 2026 el CLIPPVE emitió un pronunciamiento conjunto con diversas organizaciones no gubernamentales para solicitar medidas de atención de urgencia.
A pesar de las transformaciones registradas en el dinamismo de las detenciones a partir del 3 de enero de 2026, la vocera advierte que persiste una cifra considerable de personas privadas de libertad en el país: “Aunque el 3 de enero marcó un antes y un después, el gobierno en este momento está tratando de imponer una narrativa muy lejana a la realidad. Y es ahí donde la sociedad juega un rol determinante. La injusticia no ha acabado, solo que es diferente. Ahora las detenciones arbitrarias, aunque no han parado, son de corta duración. La diferencia es que, podemos decir, que más de 700 familias se han reencontrado, pero otras 700, aproximadamente, quedan todavía en cautiverio y en condiciones de horror”.
Con vistas a las etapas posteriores de este proceso, la activista proyecta su labor en la consolidación de un entorno democrático e institucional: “CLIPPVE está trabajando para eso, para ese momento. Está buscando tener las capacidades para poder seguir impartiendo conocimientos con la memoria histórica que estamos construyendo”. En el plano personal, evalúa la creación de una fundación y el ejercicio activo del periodismo para prestar apoyo continuo a las víctimas de vulneraciones a los derechos fundamentales.
