Los pueblos indígenas han sido empujados a la minería ilegal y al tráfico de fauna, alerta el periodista. Quiere ser parlamentario para defender a la gente de su estado. «Necesitamos hacer un cambio de gobierno, porque este gobierno entregó la naturaleza por sacarle los recursos naturales», afirma
Para estar en Caracas este viernes 21 de junio el periodista y defensor de derechos humanos Alejandro Acosta tuvo que viajar varias horas en lancha, desplazarse por tierra hasta Maracay y tomar otra unidad que lo dejara en el terminal de La Bandera, en la capital. Salió de Amazonas a pesar de la restricción de circulación que pesa en su contra: Fue detenido en septiembre de 2023 mientras hacía seguimiento a la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas), y excarcelado más de 10 días después con orden de presentación (el Ministerio Público le imputó tres delitos). Cuando se le pregunta por las consecuencias de haber viajado, explica que alguien debe hablar sobre lo que sucede en su tierra.
«Soy mestizo. Mis padres son colombianos. Fui adoptado por una familia que me dio el apellido, me dio educación. Me sacaron de una comunidad indígena. Mis abuelos eran curripacos y cubeos. Mi padre es criollo», relata. Acosta es precandidato a la Asamblea Nacional y rememora lo sucedido con el Parlamento en 2015, cuando fue declarado en desacato con el pretexto de los diputados de Amazonas. «Si haces una encuesta, existe una baja moral entre nosotros» porque a esos legisladores de 2015 «los inhabilitaron por ser amazónicos, no se metieron con diputados de otra región».
En el Yapacana había más de 18 mil personas cuando comenzaron los operativos militares que se anunciaron para combatir la minería ilegal, rememora Acosta en conversación con contrapunto.com. «Logró tener más ingresos que las alcaldías juntas. Muchísima cantidad de oro que se iba al territorio colombiano». Contrasta lo que sucede en un municipio como Atabapo y su contraparte de Colombia, Inírida. «Allá está desarrollado grandemente. Nosotros no tenemos señales de teléfono, no tenemos agua potable, no tenemos gas. Y la luz eléctrica es por planta, un día, sí, un día, no».
Critica a las autoridades militares que estuvieron en la zona y reivindica lo que están haciendo los actuales jefes de la ZODI. «Los amazonenses estuvimos de acuerdo con el desalojo de los mineros porque había violaciones de derechos humanos. Prácticas que venían de Colombia las ejecutaban allí», refiere. «Es horrible». Afirma que hay un cementerio de personas. «Cuando llegas al parque nacional, estás preso en la selva. Tenías que tener dos gramos de oro para salir».
Hoy «el desalojo se está llevando con más presencia militar y más respeto por los derechos humanos. Si comparo entre el anterior jefe militar y este, este está más comprometido con la causa de defensa de la naturaleza. Está en el Alto Orinoco y me dice ‘mira, periodista, estamos haciendo esto y esto’. La minería no la tenemos solo en el Yapacana. Tenemos minas en los siete municipios. Ya los extranjeros y los grupos irregulares se dieron cuenta». Califica lo que ocurre como mafia internacional, insiste en que la sociedad debe apoyar las acciones militares y advierte que, de no actuar contra ella, «viene un colapso, una destrucción masiva de nuestra Amazonía venezolana».
El periodista y defensor de DDHH Alejandro Acosta considera que las instituciones deben apoyar los operativos militares contra la minería ilegal en Amazonas https://t.co/TVC3XdQKjs pic.twitter.com/ENKb3ScddK
— contrapunto.com (@contrapuntovzla) June 26, 2024
-¿Está parada la minería en Amazonas?
-Continúa, pero la están combatiendo. Por lo menos, ya no está abierta, como la teníamos en 2023, que ingresaban con alimentos y combustible para vender. Es un progreso grandísimo. Al destruir los campamentos, esos mineros agarraron monte, porque son venezolanos que, ante la crisis, prefieren adaptarse ante la necesidad de no llegar a su casa sin nada. Se calcula que puede haber de 2 mil a 4 mil personas todavía regadas en los montes. Pero a venezolanos y extranjeros que encuentran haciendo minería en el parque los están trayendo detenidos. Vivo en Atabapo y llegan personas arrestadas que las traen desde el cerro para procesarlas en Puerto Ayacucho.
Como activista, registra una reducción en la presencia de peces en zonas como Atabapo. «La abundancia ya no se ve. Se está observando la disminución del peces como bocachico, saltones. Está disminuyendo bárbaramente», describe. Lo asocia con el mercurio usado para la minería; también atribuye al mercurio los rumores sobre deformidad fetal en Puerto Ayacucho, y las manchas en el cuerpo.
«Nuestros parques ya se descubrió que tienen riquezas. ¿Los van a destruir? Tenemos que levantar la voz para la salvación de los parques nacionales, porque Amazonas es de todos. Es un estado que debe ser resguardado para estudios científicos. No se puede dañar por una riqueza mineral que no le aporta nada al país», insiste.
La población indígena de Amazonas se ha visto obligada a participar en la minería debido a la crisis económica, alerta el dirigente y defensor de DDHH Alejandro Acosta. Por un plato de comida "entrega una guacamaya, un tucán" https://t.co/TVC3XdQKjs pic.twitter.com/d2yDqvbRAm
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Sin embargo, los pueblos indígenas están entre la espada y la pared. «La minería es lo que les permite a nuestras poblaciones la subsistencia, poder sobrevivir. Entre alimentar a sus hijos y dañar un árbol, prefieren dañar el árbol», admite. No reciben bonos ni otros beneficios «y se ven obligados a trabajar la minería para comprar sus cosas, su jabón, su material de pesca, su hamaca, su chinchorro, su café. No existe una política pública para que ellos puedan vivir dignamente». Solo saca la cuenta de lo que cuesta trasladarse en el estado: «Un tambor de gasolina te permite recorrer medio día y vale 300 dólares. Es mucha inversión para una institución que quiera ir a un municipio; las propias instituciones no tienen logística para recorrer el estado Amazonas».
-¿La población indígena se ve obligada a trabajar la minería?
-O a trabajarle a la FARC. La FARC también aprovechó para crear laboratorios de fronteras , y nuestros indígenas forman parte de la mano de obra. Muchos niños que no tienen más opción y ven a la FARC, ingresan allí.
Si el gobierno envía un contingente de soldados a una zona indígena, señala, la población Lgbti y las niñas ejercen el trabajo sexual. O los militares recurren a los ríos como sanitarios. El Ceofanb «tiene que tomar en cuenta que 200 militares en una comunidad son un colapso en todo el sentido de la palabra».
El tráfico de fauna silvestre lo alarma. «Manapiare se conecta con Bolívar. Crearon una pica por la cual están sacando especies. Se llevan nuestros araguatos, guacamayas, tucanes, culebras de agua, tigrillos, morrocoyes. Estoy luchando contra eso desde hace seis años. Para sacar un animal pasan por siete alcabalas. Ese es un negocio ilícito que hay». Los pagan en dólares: «Tres dólares, un tucán; cuatro dólares, una guacamaya. Todo sale fuera del país». ¿Quién toma los animales de la naturaleza? «La misma población indígena».
-¿Cuál es la situación de la población Lgbti?
-Estamos más vulnerables. En una ciudad tienes cómo trabajar; se puede trabajar, ser estilista, diseñador, maquillador. En la ciudad tienen otros campos para desarrollarse. Nosotros, en el estado Amazonas, no tenemos electricidad, tenemos que trabajar en el conuco como hombres para hacer mañoco y casabe; pescar como hombres para poder llevar a la casa el alimento. La discriminación está en todas partes, en todas las comunidades. La mayoría se adapta a vivir como hombre aún reconociendo que es para sobrevivir.
«Nuestra prioridad como población lgbti indígena no es la misma que la de la población de la ciudad. Nosotros no estamos pendientes de adopción de niños o matrimonio igualitario, porque nosotros estamos pendientes de la subsistencia, del pan de cada día. Los chicos de la ciudad pueden hacer eso. A mí me preocupa, para mi población, la comida», confirma.
Acosta llama la atención sobre la presencia de iglesias evangélicas, animadas -según su análisis- por la crisis. Subraya que los homosexuales son vistos como personas tomadas por fuerzas malignas. Y comenta que decidió asumir su orientación sexual públicamente para ser la voz de quienes no pueden hacerlo. «He usado mi historia para que la gente entienda que nacemos, y que no es como ellos dicen: que nosotros nacemos hombres y que viene un espíritu a apoderarse de nuestro cuerpo producto de la mala conducta de los padres. Ellos no creen que una persona nace homosexual». Ese es «el día a día de ellos», apunta, «y a nosotros nos toca trabajar».
La solución, para los problemas de los pueblos indígenas, la ve «en el cambio de gobierno». Como indígenas «nuestra esencia es el respeto y el cuidado de la naturaleza», la convivencia con el ambiente. «Creemos que la Amazonía es un paraíso. Creemos que dios nos dio un paraíso a nosotros, porque no vemos en otro lugar del mundo tantos parques nacionales, tantos ríos, tanta belleza exuberante. Los indígenas creemos que dios nos dio una tierra de gracia, y que la esencia del político debe ser cuidar a naturaleza. Por lo tanto, necesitamos hacer un cambio de gobierno, porque este gobierno entregó la naturaleza por sacarle los recursos naturales».
Con cambio en el gobierno nacional habría cambios regionales y locales, razona. A su juicio, «tenemos que ponernos al servicio de la Fuerza Armada con el respeto por el marco constitucional» para la defensa de la soberanía. El jefe de la ZODI, sostiene, podría hacer más si tuviera apoyo político. Para dejar la minería, asevera, la población autóctona necesitaría cambiar elementos de la ley de pueblos indígenas, crear la corporación de turismo y facilitar medios de vida. Entre otras, Acosta retomaría la propuesta de adelantar un censo de población Lgbti en Amazonas y garantizar su preparación.
