Todas las críticas llovieron este martes sobre la Ley contra el Odio: expertos nacionales e internacionales coincidieron, durante un foro organizado por Espacio Público, en que debe ser derogada. A juicio de las y los ponentes, no hay términos medios en relación con la norma.
Aunque el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, llamó a la sociedad venezolana a debatir abiertamente acerca de la ley, insistió en que las autoridades venezolanas han asumido que discurso de odio es todo aquel que critique al gobierno, y advirtió que esta norma es una forma severa de restringir el derecho a la libertad de expresión. Vaca indicó que, además, ha tenido un efecto intimidatorio.
Florencia Reggiardo, abogada especialista en derechos humanos, señaló que hay poca claridad en la formulación de los tipos penales, por lo que ciudadanas y ciudadanos a veces ni saben que estarían conetiendo un delito.
No hay nadie en Venezuela que pueda decir, al leer la norma, qué es lo que está prohibido, alertó el abogado Rafael Chavero. Es represiva y su propósito es reprimir y apagar la crítica política, agregó.
Como lo relató Chavero, hay gente castigada con años de cárcel por cuestionar, por ejemplo, la demora en la distribución del gas, o por estampar una franela con la imagen de una dirigente política. Una ley contra el odio, razonó, debería proteger a los grupos vulnerables, pero en este caso ha sido usada para resguardar al gobierno, y además, fue hecha de manera imprecisa para meter de todo. Se ha llegado al punto, lamentó, de que la gente hasta tiene miedo de enviar un mensaje por WhatsApp.
La discrecionalidad es un eje transversal en esta norma, criticó Carlos Correa, ex preso político y director de Espacio Público. Incluso, se ha convertido en una dinámica extorsiva. Debido a la ley, consideró el investigador y profesor universitario, nadie se atreve a compartir nada en los grupos de WhatsApp, porque puede ser delatado por algún usuario.
