El acuerdo sobre el informe de Bachelet también pide que sea enviado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se considere su discusión dentro dicha instancia
Este martes 9 de julio se aprobó, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el acuerdo para remitir a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) el informe acerca de la situación en Venezuela presentado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
En el acuerdo también se solicita que su contenido sea incorporado como elemento probatorio a las investigaciones que en ella cursan sobre crímenes de lesa humanidad.
Para la diputada Dennis Fernández cada denuncia que evidencia el informe es una forma de «visibilizar lo que está viviendo el país en materia social, económica y política» ante instancias internacionales.
Fernández aseguró que la visita de la misión técnica enviada por Bachelet en marzo y su propia visita en junio, más la presentación del informe, se lograron gracias al trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales y por la fracción de la unidad de la AN con el fin de que «se sepa lo que vive Venezuela».
Durante la sesión, el abogado Ali Daniel’s tuvo un derecho de palabra en el que enfatizó en la incapacidad del Gobierno de Nicolás Maduro para «enfrentar la situación» que vive Venezuela, por lo que insistió en la ayuda que pueda proporcionar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de un canal humanitario permanente.
El también profesor universitario, pidió a la ONU acelerar las gestiones para que un grupo de relatores pueda entrar al país, entre ellos, un relator respecto a sanciones unilaterales, que a su juicio, a Maduro también le convendría.
Entre las denuncias plasmadas en el informe, Daniel’s destacó el punto sobre los 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) que han sido cuestionados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales, explicó, sólo cinco han sido condenados, según la investigación realizada por el equipo de la alta comisionada.
El parlamentario Eustoquio Contreras afirmó, por su parte, que el informe detallado de Bachelet «no deja lugar a duda sobre su sinceridad» con respecto a la situación en Venezuela por lo que invitó a sus colegas a defenderlo como instrumento que no necesita constatar lo que allí está plasmado, sino que al contrario.
«Es un informe verificado formalmente por un órgano de altísimo poder multilateral que coincide perfectamente lo que está allí escrito con lo que la comunidad internacional y los venezolanos ya tenían por hecho», expresó Contreras.
La propuesta realizada por varios diputados de que este informe fuera llevado a la Corte Penal Internacional fue aprobado por unanimidad durante la sesión de este martes.
La diputada Delsa Solórzano expresó que el mencionado informe no surgió «de la nada», sino que es producto del trabajo de muchos años, por parte de las ONG, de las víctimas de violaciones a los Ddhh, y de la Asamblea Nacional que considera se ha dedicado «a la documentación de los testimonios de las víctimas y remitirlas a instancias internacionales».
Durante su intervención Solórzano denunció que luego de once días, aún el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no ha sido entregado a sus familiares. Acosta Arévalo falleció el pasado sábado 28 de junio mientras estaba en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su presunta vinculación en una conspiración contra Maduro.
Solórzano cuestionó que los mandatos establecidos por la ONU en el informe de la alta comisionada no se hayan cumplido aún y lo ejemplificó con los casos del periodista Braulio Jatar y de la ex jueza María Lourdes Afiuni quienes no fueron liberados de forma plena debido a que el tribunal decidió mantenerlos con medidas cautelares.
El acuerdo también pide que el informe sea recibido en el «Consejo de Seguridad de la ONU para que se considere su discusión dentro dicha instancia, además, remitirlo al Grupo de Lima, OEA, Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, Grupo de Contacto, Parlatino, Parlasur, Eurolab, Parlamento Amazónico y la Unión Interparlamentaria con el objetivo de que intensifiquen acciones contra el mandatario Nicolás Maduro».
También incluye «respaldar el trabajo técnico independiente» que continua realizando el equipo de la alta comisionada que está en el país, así como el establecimiento de una oficina permanente en Venezuela.