El Centro de Observación Electoral de la Sociedad Civil (Coesc) y la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) contabilizaron 79 irregularidades y «delitos electorales» durante los comicios para elegir al gobernador del estado Barinas -cuna de Hugo Chávez- celebrados el pasado 9 de enero
El presidente de Fundehullan y coordinador del centro, Roland García, indicó en una nota de prensa que la cifra es el resultado del despliegue de «160 observadores en seis municipios de los 12 que conforman la región, para monitorear, documentar, denunciar y visibilizar los abusos y arbitrariedades que podían presentarse durante los comicios».
Detalló que entre las irregularidades destacan la denuncia de electores migrados a otros centros de votación sin haber solicitado el cambio de domicilio electoral, el proselitismo político en instituciones públicas, el uso indebido de bienes públicos y el voto asistido «sin justificación».
Precisó «el caso del candidato del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), el cual realizó proselitismo político en instituciones públicas» y el uso de autobuses Yutong Hong-Kong Ltd (propiedad del Estado), provenientes de otras regiones, «para el traslado de electores migrados para el proceso electoral del estado Barinas».
Igualmente, aseguró que los observadores de los comicios denunciaron la asistencia a los votantes sin presentar alguna diversidad funcional, tal como lo establece el artículo 128 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Proceso Electoral.
En el informe de la alianza, tras el proceso electoral, también se documentó la instalación de puntos de «control social» conocidos como «puntos rojos» del partido de Gobierno en los que «solicitaban a los votantes el carnet de la patria (mecanismo de control social implementado por el Estado)».
En óptica está, que de no haberse producido las irregularidades que este organismo denuncia la ventaja de Garrido habría sido aún mayor, quizás hasta por 2 o tres puntos más porcentuales.
El Coesc fue conformado el pasado 27 de diciembre por activistas, líderes de movimientos estudiantiles y representantes gremiales para «documentar y brindar asistencia» con respecto a todas las violaciones a los derechos que pudieran tener lugar durante todo el proceso electoral desarrollado tras la anulación de los resultados de las elecciones del 21 de noviembre en la región llanera.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la elección anterior con el argumento de que el opositor Freddy Superlano, quien ganó al entonces candidato oficialista, Argenis Chávez, se presentó pese a estar inhabilitado y que el CNE expresó no saber nada porque la Contraloría General de la República nunca informó al respecto. Y por cierto que Chávez quien renunció a la gobernación y expresó no ir a confrontación en enero, algún día habrá de explicar por qué esas actitudes, a lo cual su hermano Adán no ha manifestado nada, ni tampoco ningún líder del PSU, especialmente Diosdado Cabello, así como el final del feudo Chávez en ese estado llanero.
En la repetición electoral de este 9 de enero, Sergio Garrido resultó ganador con el 55,36 % de los votos, mientras el candidato chavista, Jorge Arreaza, quedó en segundo lugar con el 41,27 %. El tercer lugar fue ocupado por el candidato Claudio Fermín, muy lejos (1,77 %),, y al que la oposición mayoritaria considera disidente del antichavismo hace tiempo. EFE
