El expresidente de Panamá (2009-2014) fue procesado por espionaje político y peculado

El tribunal que juzga al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presuntamente espiar a opositores durante su Gobierno (2009-2014) ordenó este miércoles 12 de junio su excarcelación y dictó su arresto domiciliario y la prohibición de salir del país, esto ocurre un año después de ser detenido en Panamá tras ser extraditado desde Estados Unidos.

“Se ha ordenado depósito domiciliario durante el juicio, no debe dar declaraciones a los medios, impedimento de salida del país y que entregue el pasaporte”, anunció a los periodistas, a las puertas de la sede del tribunal, Alfredo Vallarino, abogado del expresidente.

Otro de los defensores, Carlos Carrillo, agregó que “ya, de inmediato” Martinelli dejará la cárcel El Renacer, situada en las afueras de la capital y en la que fue recluido el 11 de junio de 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentarse al juicio por el conocido como el caso de los “pinchazos”.

“La justicia tarda pero llega”, destacó Carrillo a los periodistas, y agregó que la decisión del tribunal “es un primer paso en el camino correcto, que no se haya violado el estado (o presunción) de inocencia de Martinelli”.

El abogado anunció que la defensa apelará algunas de las medidas cautelares dictadas este miércoles, entre ellas la del arresto domiciliario, por considerar que son “excesivas”.

En ese sentido, el órgano judicial informó, a través de su cuenta de Twitter, que tanto la defensa del expresidente como los querellantes “anuncian apelación que será el 14 de junio, a las 10:00 a.m.” hora local de Panamá.

Asegura la nota de prensa de EFE que “Martinelli se encontraba visiblemente emocionado tras la decisión de los jueces, según se le pudo ver a través de las puertas de vidrio de la antesala del tribunal”.

Los jueces que constituyen el tribunal de juicio, Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, deliberaron unas 11 horas para llegar a la decisión de excarcelar al expresidente, que fue en respuesta a una petición presentada por su defensa este martes.

Los periodistas, pasaron la noche a las afueras de la sede judicial, mientras que simpatizantes y familiares de Martinelli lo hicieron en la sala de audiencia, junto a los querellantes en el proceso y los abogados y fiscales.

La defensa hizo la petición de excarcelación el martes 11 de junio bajo el argumento de que la ley de Panamá establece que una persona no pueda estar en detención preventiva más de un año, que es el tiempo que ya cumplió Martinelli en prisión.

Ante la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por los abogados defensores el Ministerio Público, representado por el fiscal Ricaurte González, sostuvo que la detención aplicada a Martinelli era “proporcional a los riesgos procesales que mantiene”, entre ellos el peligro de fuga.

La Fiscalía alega que Martinelli se fue de Panamá en el 2015 y sólo regresó extraditado por Estados Unidos, donde también estuvo un año preso batallando contra su entrega a la justicia panameña.

La justicia de Panamá ha negado en cinco ocasiones el cambio de medida cautelar a Martinelli, cuya defensa la pidió en esos casos bajo el argumentado principal del cuadro de salud del exmandatario, quien padece una serie de dolencias crónicas como hipertensión.

El expresidente, de 67 años, se declara inocente de los cuatro cargos de los que es acusado por la Fiscalía que pide 21 años de cárcel, por el caso de las escuchas, asegura además que es víctima de una persecución política dirigida por su sucesor en la presidencia y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela, quien niega esa versión.

El caso de las escuchas lo abrió el Tribunal Supremo de Panamá en junio de 2015 en vista de que Martinelli era, para entonces, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y, por el fuero que ese cargo imponía, el máximo tribunal era el único que podía investigarlo.

Pero el político renunció al Parlacen apenas llegó extraditado a Panamá y su defensa consiguió en diciembre de 2018 que la causa pasara a un tribunal ordinario, lo que dilató el proceso.