La Justicia española sigue evitando pronunciarse sobre el paradero del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, cuya extradición a Estados Unidos aprobó la Audiencia Nacional el viernes pasado, aunque se encuentra desaparecido.
Desde la Resolución Judicial nada se sabe de Carvajal, quien fue Jefe de la Contrainteligencia con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y cuya extradición solicitó Washington por presunto narcotráfico.
Su abogada en España, María Dolores Argüelles, indicó a Efe que nadie le notificó la decisión judicial y se enteró por los medios de comunicación, y que no le consta que haya una orden de detención contra su patrocinado.
El sentido de la votación judicial tuvo lugar en una reunión secreta y tampoco se comunicó a los responsables de prensa del organismo judicial español.
Pese a la reserva, algunos medios, entre ellos Efe, lograron eludir el cortafuegos y dieron a conocer el acuerdo para la extradición de Carvajal.
Posteriormente, se conoció la orden a la Policía española para su detención. Sin embargo, Carvajal no fue encontrado en su domicilio en Madrid y desde entonces se le está buscando. Por el momento no se ha emitido una orden internacional de detención, según aseguraron a Efe fuentes policiales.
Fuentes judiciales indican que no se le da oficialmente por huido, aunque tampoco se descarta la posibilidad de fuga para evitar el riesgo de ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
De haberse materializado y confirmarse, la fuga pondría a España en una situación comprometida ante Estados Unidos. Inicialmente, la Sala Penal de la Audiencia Nacional ya había denegado la entrega «por una motivación política», debido a los cargos políticos que ocupó el ex general en el Gobierno venezolano.
Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el pasado 12 de abril, a causa de una orden de arresto de Estados Unidos, que le reclamaba por haber querido «inundar» el país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente en su territorio con ayuda, en ocasiones, de la cúpula de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Todo ello, según la justicia de Estados Unidos, dentro de una «estrategia dirigida desde la Presidencia de la República» de Venezuela.