El caso Odebrecht consiste en la investigación de los millonarios sobornos que la compañía brasileña reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado en una docena de países de Latinoamérica, entre ellos Perú, a cambio de grandes contratos en obras públicas. La empresa ha proporcionado información sobre los sobornos que pagó a políticos y funcionarios peruanos en los últimos quince años

El acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la Fiscalía de Perú y la empresa brasileña Odebrecht fue homologado este miércoles por el Poder Judicial “sin ninguna excepción ni restricción”, lo que ha sido considerado “un hito” en la jurisprudencia para los casos de corrupción en el país.

“Es un hito en el sistema de jurisprudencia. Es el primer caso de una sentencia de colaboración a nivel corporativo”, resaltó el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato en Perú.

Vela anunció que el acuerdo, que permite tener acceso a testigos y pruebas en las investigaciones, fue aprobado por el Poder Judicial “conforme a los términos expuestos en su oportunidad por el Ministerio Público de manera conjunta con la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht” y es “la finalización de un esfuerzo con muchas dificultades”.


Entre los puntos que incluye este acuerdo se contempla que Odebrecht entregará información de los sistemas My Web Day y Drousys, mediante los cuales Odebrecht solicitaba, procesaba y controlaba las operaciones para el pago de sobornos.

También establece que la empresa brasileña pagará una reparación civil al Estado peruano de 610 millones de soles (unos 184 millones de dólares), además de otras compensaciones.

El fiscal Vela señaló que Odebrecht ha proporcionado, hasta el momento, información documental y testimonial sobre los sobornos que pagó a políticos y funcionarios peruanos para ganar concesiones de obras de infraestructura en los últimos quince años.

La empresa también hizo donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.

Por ese motivo, están imputados los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición ha sido pedida a las autoridades de Estados Unidos.

Además, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien cumple 36 meses de arresto domiciliario, mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó en abril pasado, cuando iba a ser detenido.

Asimismo, la líder opositora Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva desde fines de octubre pasado, al igual que la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, a quien se le ha dictado 24 meses de cárcel mientras es investigada.