La comisionada informó que su equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, presentó este miércoles un nuevo informe sobre los derechos humanos en Venezuela. En su discurso dejó ver las fallas del sistema de justicia de Venezuela, el amedrentamiento a los medios de comunicación y periodistas, la falta de independencia de los órganos institucionales, el precario salario mínimo que devengan los trabajadores y la persecución contra las ONG’s y activistas de derechos humanos.

La comisionada informó que su equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. “La desacreditación de estos por medios de comunicación institucionales continúa”, subrayó.

En cuanto a la libertad de expresión, sostuvo que “su equipo documento 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos a medios de comunicación. Así como casos de bloqueos de portales a medios digitales”.

Afirmó que le “sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y la delincuencia organizada contra el trabajo de los defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”. 

Lamentó que ya no le permiten a su equipo en Caracas la entrada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta o al Helicoide ni a otros centros de detención militar.

En ese sentido, sostuvo que, entre mayo de 2021 y abril de 2022, el equipo visitó 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales a personas detenidas, incluidas 46 mujeres. “Quiero reconocer los esfuerzos por mejorar las condiciones de detención, incluso mediante la reducción del hacinamiento”, enfatizó.

Comentó que continuaron abordando con las autoridades casos individuales sobre preocupaciones relativas a personas detenidas, incluyendo alegaciones de malos tratos y otras violaciones de derechos humanos. 

Más justicia

Bachelet puntualizó que ese trabajo ha contribuido a la liberación de 68 personas detenidas, incluyendo a 14 mujeres. Aproximadamente la mitad de estas personas fueron puestas en libertad condicional.

“Mantengo mis preocupaciones por las condiciones de detención en los centros de reclusión previamente administrados por los servicios de inteligencia: El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad dado a los riesgos de malos tratos y detención incomunicada”, enfatizó.

La comisionada reiteró su pedido de que toda persona detenida arbitrariamente “sea puesta en libertad plena de forma inmediata”. 

Asimismo, informó que su oficina tomó nota de la disolución de las FAES de la PNB, «en línea con mis recomendaciones anteriores, esta reestructuración es una oportunidad para fortalecer la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad», dijo.

“Mi oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que años anteriores, aun así como decimos una muerte siempre es demasiado”, destacó.

Instó a que se llegue a investigaciones independientes que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Dijo que le conmueve la perseverancia de los familiares de las víctimas en la búsqueda de la justicia.

Recordó que se le debe garantizar “a todas las personas detenidas el derecho a una defensa de su elección y aquellos que necesiten atención médica, que la reciban de forma oportuna y adecuada”.

La Alta Comisionada precisó que el fiscal general, Tarek Williams Saab, ha estado compartiendo información con la oficina sobre algunos casos bajo investigación. “En el espíritu de la actual cooperación confío que pronto se nos concederá acceso a las audiencias judiciales y continuaremos el diálogo sobre más casos”, dijo.

Anunció que su oficina está dispuesta a apoyar los esfuerzos nacionales para promover toda rendición de cuenta por violaciones de derechos humanos. En ese sentido aplaude que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para establezca una oficina en Caracas.

También dio cabida a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En ese particular destacó que notó las preocupaciones respecto a la reelección de algunos magistrados que contradecía las limitaciones constitucionales sobre un periodo único de 12 años.

“Es muy importante fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en Venezuela”, añadió.

En línea con sus recomendaciones anteriores, exhortó a las autoridades a aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente.

Sí al diálogo

Reiteró su apoyo al diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Alentó su pronta reanudación de manera inclusiva, dando prioridad a la participación de la mujeres y enfocado en los derechos humanos.

Agrega que “estos espacios son fundamentales para lograr acuerdos genuinos y efectivos y deben protegerse”

“Dado que este es el último diálogo interactivo que presento sobre Venezuela, permítanme reconocer la cooperación que hemos construido en los últimos tres años, gracias a la confianza de las víctimas, la sociedad civil y las autoridades. A través de una mayor cooperación y compromiso estoy convencida de que se podrá contribuir a mejorar la situación de los DD HH en Venezuela”, dijo al terminar de exponer su discurso.

Salario mínimo paupérrimo

En su análisis aseveró que, el salario mínimo cubriría el 8% de la canasta alimentario. Al respecto, considera que levantar las sanciones podría ayudar a hacer frente a los retos existentes. Igualmente, recomendó que los recursos se orienten a mejorar los servicios y centros de salud.