Este es el quinto paro nacional de los nicaragüenses contra el Gobierno de Ortega en 13 meses, de los cuales 4 consistieron en la suspensión de toda actividad económica y social, y uno fue como huelga de consumo, que produjo los mismos efectos

Nicaragua amaneció este jueves en paro nacional, en protesta contra el presidente Daniel Ortega, a quien la oposición le exige que libere a los “presos políticos” y respete los derechos humanos.

A pesar de que el Gobierno amenazó con tomar medidas contra los negocios que se sumaran al paro nacional de actividades, el cierre de establecimientos fue notorio, aunque no total, en las primeras horas del día.

El paro nacional fue evidente en ciudades como Camoapa, Chichigalpa, Chinandega, Ciudad Sandino, El Viejo, Granada, Jinotepe, León, Nueva Guinea, Managua, Matagalpa y Tipitapa.

La mayoría de negocios que pudieron observarse cerrados temprano por la mañana eran las grandes y medianas empresas, por el contrario, la mayor parte de los que abrieron sus puertas fueron los pequeños comerciantes.

Representantes estudiantes y de la empresa privada nicaragüense, el miércoles, durante una conferencia de prensa en Managua, en la cual anunciaron un paro nacional para este jueves en demanda de la libertad de todos los presos políticos. Foto : EFE.

El paro nacional de este jueves, por 24 horas, fue llamada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, luego de que un “preso político” murió en una cárcel al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no claras, en reclamo porque el Gobierno no cumple con sus compromisos firmados en una mesa de negociaciones, entre ellos la libertad de los reos y el respeto por la Constitución.

La suspensión de actividades, que cuenta con el respaldo explícito de casi todos los sectores sociales y económicos de Nicaragua, incluyendo negocios que no cerraron sus puertas por temor a represalias, tiene como lema “Vamos a paro por la libertad de todos”.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado unos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por los hechos violentos. ONGs locales cuentan hasta 593. El Gobierno solo reconoce 199.