El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, advirtió este viernes de que desacatar su prohibición de votar con el teléfono en la mano durante la segunda vuelta presidencial de abril próximo, conlleva una multa de hasta 32.900 dólares.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló en una rueda de prensa que el incumplimiento de la disposición es una «infracción electoral muy grave», que se sanciona con una multa desde los 9.870 dólares hasta 32.900 dólares.
La decisión del CNE partió de una petición del Gobierno del presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, quien tras la primera vuelta denunció sin pruebas que, en varias zonas, grupos criminales obligaron presuntamente a los electores a votar por su rival, la correísta Luisa González.
Atamaint aclaró que los ciudadanos pueden ingresar en los recintos electorales con sus celulares y que la restricción de uso comienza desde que entregan su documento de identidad para iniciar el proceso de voto, hasta la entrega del mismo luego de sufragar.
La prohibición abarca «el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio», y también a los miembros de las mesas electorales durante todo el conteo de votos, a excepción de uno de ellos que sólo podrá usarlo para rellenar el acta del escrutinio.
La disposición para los miembros de las mesas electorales se aplica desde el inicio del escrutinio para garantizar su seguridad, dijo Atamaint citando informes que no detalló, en los que se registra que los miembros de las juntas del voto «son el blanco fácil de ser extorsionados».
Gobierno aplaude decisión
Para el Ministerio de Gobierno la decisión del CNE «fortalece la seguridad de los ciudadanos en el proceso electoral, diciéndole NO al voto extorsionado, NO al ‘voto vacunado’, NO al voto coaccionado, reduciendo el riesgo de intimidación por parte de organizaciones criminales que buscan influir en la voluntad soberana del pueblo mediante amenazas o presiones indebidas hacia cierta bandera política».
La denuncia de Noboa, quien no ha aportado públicamente pruebas, se basa en que durante la primera vuelta electoral y en varias zonas del país, se obligó presuntamente a los ciudadanos -mediante amenazas- a votar por González y se pidió fotografías de sus papeletas de votación como prueba.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo este viernes que la denuncia sobre la presunta presión para votar por determinada opción electoral, la debe presentar quién ha sido víctima de ello, pero se enfrenta al problema de que «está empeñando la vida».
¿Intención de fraude?
González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), criticó la disposición del CNE.
«Nos están robando la libertad, esto es una dictadura, no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes», dijo González en declaraciones a Radio Atalaya y añadió que «esto es una dictadura, a rebelarnos, no podemos aceptar este tipo de medidas: prohibirnos el uso del celular. A rebelarnos, a mostrar la rebeldía de que nos sigan haciendo vivir en una dictadura».
La candidata correísta dijo que se debe impugnar la medida y avanzó que seguirán todas las acciones que les corresponda porque no se puede «robar la libertad de usar un celular».
«Atrás de esto puede haber una intención de hacernos fraude», presumió González.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa recordó en su cuenta de la red social X que «las reglas electorales solo se pueden cambiar hasta un año antes de la elección», como lo establece el Código de la Democracia.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 13 de abril para decidir si Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029), donde profundice su «guerra» declarada al crimen organizado y avance en las reformas económicas propuestas, o si prefiere que el correísmo retome las riendas del país y convierta a González en la primera mujer en ser electa presidenta de Ecuador.
Información de EFE
