El colapso del BOI Internacional Bank, propiedad del empresario venezolano, Víctor Vargas, reabrió la interrogante sobre la credibilidad de Antigua y Barbuda como jurisdicción financiera confiable, en virtud de que por la «ignorancia deliberada» o el «fracaso regulatorio», se encienden nuevamente las alarmas sobre la seguridad y confiabilidad de esta «Jurisdiction of Choice», que ha venido siendo utilizada por banqueros venezolanos para quebrar sus entidades y desfalcar así, el dinero de sus ahorristas.
Transcurrieron años de alertas, denuncias, irregularidades y reclamos y fue en mayo de 2026, cuando finalmente las autoridades de Antigua y Barbuda, asumieron oficialmente la administración de la institución financiera, después de años de cuestionamientos y reclamos relacionados con la situación del Banco y los fondos de sus depositantes. ¿Qué sabía el regulador, qué debía hacer y por qué no actuó antes?
En el centro de las denuncias aparecen miles de venezolanos que confiaron sus divisas a instituciones financieras vinculadas al Grupo Financiero BOD, entre ellas el Banco del Orinoco, en Curazao y el BOI Bank en Antigua y Barbuda, y tuvieron que enfrentar bloqueos, restricciones y dificultades para recuperar sus ahorros.
No obstante, el problema principal no radica solo en la existencia de los bancos offshore en sí, sino como las directivas de grandes instituciones financieras como el Grupo Financiero BOD y sus filiales en Curazao (Banco del Orinoco) o Antigua y Barbuda (BOI Bank) captaron depósitos en divisas de ciudadanos venezolanos bajo promesas de seguridad para luego desviar y bloquear dichos fondos sin autorización.
Los esquemas irregulares dejaron a los ahorristas en total vulnerabilidad frente a quiebras o liquidaciones en otras jurisdicciones produciendo una afectación colectiva y sistemática, debido a que las maniobras financieras impactaron a miles de personas, incluyendo a pequeños ahorristas, trabajadores y jubilados que dependían de esos fondos para atender emergencias médicas, subsistir o emprender proyectos de vida.
La falta de supervisión y exigencias por parte de los órganos reguladores de Antigua y Barbuda, así como la falta de acción y retraso de responsabilidades administrativas y penales hacia los altos directivos y accionistas de los bancos, ha generado crisis financieras de gran impacto que pusieron ser evitadas, si se hubiese actuado a tiempo, con celeridad, transparencia e imparcialidad.
El colapso del BOI Internacional obliga a reconstruir años de señales de alerta y examinar por qué la supervisión financiera de Antigua y Barbuda, no logró contener las irregularidades a tiempo: ¿cuánto tiempo puede un regulador alegar desconocimiento frente a señales acumuladas? ¿cómo la negligencia o ignorancia deliberada, pueden blindar un fraude financiero premeditado?
