El Gobierno de Gustavo Petro pidió al presidente estadounidense Joe Biden que indulte al ex cabecilla de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, antes de que deje el cargo en enero de 2025, según trascendió este lunes.
Simón Trinidad, un exbanquero que pasó por Harvard antes de convertirse en un líder de las FARC, fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por secuestro, en una prisión de Colorado.
En un comunicado subido este lunes a la red social X (antes Twitter), la Embajada de Colombia en EEUU informó que el pasado 12 de noviembre envió una nota diplomática pidiendo el indulto «en un espíritu humanitario y con el propósito de contribuir a la agenda de paz de Colombia».
«Este esfuerzo busca garantizar la participación del señor Pamera en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), priorizando su contribución con la verdad para avanzar en la justicia y la paz en el país», escribió la entidad. La Embajada también solicitó «facilitar las condiciones técnicas» para que Simón Trinidad participe en las «audiencias virtuales requeridas por las autoridades judiciales colombianas».
Antes de dejar la Casa Blanca en manos de su sucesor Donald Trump, Biden tiene la posibilidad de otorgar indultos, lo que se ha convertido en una tradición para los presidentes estadounidenses. Sin embargo, la petición del Gobierno de Petro generó polémica en el país sudamericano.
«No queremos a los criminales en la calle»
En la misma red social, el exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón llamó a Estados Unidos a que «en ningún caso» aceptara la petición.
Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que, «a través de la modalidad de gestores de paz, hemos visto salir a los peores criminales. Primero la liberación de paramilitares; ahora parece que también se pretende la de Simón Trinidad. Los colombianos no queremos a los criminales en la calle, sino en la cárcel».
La mayor organización guerrillera de América acordó dejar las armas en 2016, pero algunos grupos disidentes siguieron operando y desde entonces se han fortalecido en armamento y número de combatientes. Ocho años después, también han crecido las críticas contra el tribunal especial creado para juzgar los peores crímenes del conflicto porque aún no ha emitido su primera sentencia.
