El Gobierno pidió este viernes a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia con el objetivo de facilitar su traslado en junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas como parte de las negociaciones con ese grupo armado.
Esta medida surge de un acuerdo aprobado el año pasado en Doha entre el Gobierno colombiano y los líderes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el que se que determinó un plan piloto para alcanzar el sometimiento a la justicia de ese grupo armado.
El acuerdo incluye una etapa inicial de «construcción de confianza» y la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado ilegal: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó (oeste), fronterizo con Panamá.
Además, el convenio establece que su traslado será «gradual y progresivo» y se adoptarán «las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes» durante su desplazamiento, «incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición».
Bajo este compromiso, el Gobierno colombiano emitió en abril una resolución, conocida este viernes, con la suspensión de las órdenes de captura tras recibir una lista autorizada por el Clan del Golfo en la que se detalla los nombres de los 29 integrantes beneficiados con la medida.
En ese documento, el Gobierno explica que esta decisión responde «al proceso de traslado, ingreso y permanencia en la ZUT, y no como una habilitación general, incondicionada o ajena a los fines del proceso de paz».
«Dicha suspensión opera para permitir que las personas relacionadas puedan concurrir al escenario territorial definido para su desmovilización y tránsito a la paz, así como participar en las actividades estrictamente necesarias para preparar ese ingreso», informó la Presidencia.
La resolución tiene un «carácter territorialmente restringido», por lo que no representa una autorización de circulación por todo el país.
Las Zonas de Ubicación Temporal empezarán a funcionar desde el 25 de junio en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba.
«Toda movilidad deberá ser comunicada de manera previa, suficiente y permanente a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, indicando, como mínimo, la finalidad del movimiento, las personas involucradas, el lugar de origen, la ruta prevista, el destino, las fechas y las condiciones necesarias para contar con información suficiente», puntualizó el Gobierno.
El Clan del Golfo es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, y está dedicado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
