La exgobernadora de Puerto Rico fue arrestada a principios de agosto por el mismo ente y acusada en un esquema de soborno relacionado con su campaña electoral de 2020
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, acusado de corrupción, se entregó en las oficinas del Federal Bureau of Investigation de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan, tras ser acusado de un esquema de sobornos que lideró Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, reportó Monitoreamos.
Según la acusación formal, desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020, la exgobernadora habría participado en un plan de soborno con varias personas, entre ellas, Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakemanpara financiar su campaña electoral de 2020.
La exgobernadora fue arrestada a principios de agosto por el mismo ente y acusada en un esquema de soborno relacionado con su campaña electoral de 2020. Vázquez enfrenta cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico en servicios honestos.
En el caso también están acusados el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini; que se encuentran en Reino Unido y España. Herrera, con doble nacionalidad venezolana e italiana, era propietario del banco Bancredito International Bank, que operaba en San Juan, mientras que el exagente Rossini brindó servicios de consultoría al banquero.
Por sobornos
Según la acusación formal, Herrera y Rossini presuntamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez, a cambio de que ella despidiera al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba su banco.
Por otra parte, el empresario presentó en los últimos días, a los tres abogados que lo representarán en el caso. Una de ellas es Lilly Ann Sánchez, quien tiene su oficina en Miami, Florida, y que cobró notoriedad en 2008 cuando fue parte de la defensa legal de Jeffrey Epstein, acusado por abuso sexual de una menor de 14 años.
Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos y, si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión, indicó un comunicado emitido por la Justicia norteamericana.