Estados Unidos levantó las sanciones financieras impuestas al juez brasileño Alexandre de Moraes por ser el instructor del caso del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump.
El nombre del magistrado no aparece este viernes en el registro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
El levantamiento de sanciones llega después de los últimos acercamientos entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
También coincide con la aprobación el miércoles de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil que busca reducir la condena al expresidente ultraderechista (2019-2022), un gesto que fue aplaudido por el Gobierno estadounidense.
Estados Unidos revocó en julio el visado a De Moraes y le impuso sanciones financieras después de que este ordenara una serie de medidas cautelares a Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado.
Las sanciones del Tesoro se enmarcaban en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Trump elevó además los aranceles a las exportaciones de Brasil hasta el 50 % en represalia por el juicio contra Bolsonaro, quien finalmente fue condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula en 2022.
Trump y Lula, quien prometió defender la soberanía de su país, comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en septiembre en Nueva York, momento en que según los líderes surgió «química» entre ambos.
Los mandatarios tuvieron poco después una llamada telefónica y se reunieron cara a cara el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), en un encuentro calificado de positivo por ambas partes.
El vicesercetario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el jueves la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca reducir la condena a Bolsonaro.
«Por fin estamos viendo el inicio de un camino hacia la mejora de nuestras relaciones», afirmó el funcionario.
El proyecto, que podría hacer que Bolsonaro deje la prisión en régimen cerrado en poco más de dos años, será sometido a votación en el Senado y, de aprobarse, pasará a manos de Lula, quien decidirá si lo veta o no.
