La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía «socavan el Estado de derecho» y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.
Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
«Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho», añadió el tribunal.
Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
«La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables», reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.
En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.
Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.
Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. El tribunal sostiene, sin embargo, que puede ejercerla sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.
La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
